Sergio León Cervantes
Vicente no murió solo en un auto. Murió después de una cadena de omisiones que el sistema no detuvo a tiempo. Murió por consecuencia. Y esa palabra es la que hoy debería incomodar en Quintana Roo.
Los datos ya no admiten evasivas. En México, el abandono y la negligencia infantil han crecido más de 600% en la última década; en años recientes, más de 5 mil 700 menores han sido registrados como víctimas de omisión grave de cuidados y cerca de 7 millones de niñas y niños viven sin supervisión adecuada. A la par, los procesos familiares pueden tardar entre 2 y 5 años. Cinco años no son un trámite: son la infancia completa de un niño.
La ley es clara: el interés superior del menor está por encima de todo. Sin embargo, en la práctica ese principio se diluye cuando se ordenan evaluaciones psicológicas que no se cumplen, cuando se establecen controles toxicológicos que no se verifican o cuando existe suspensión de patria potestad y, aun así, se promueven cambios de custodia. Eso no es interpretación jurídica; es una falla en la aplicación de la ley.
No hace falta llegar a la muerte para dimensionar el daño. Hay niñas y niños que, pese a expresar de forma reiterada su rechazo a convivencias, son obligados a presentarse una y otra vez a centros de convivencia para repetir lo mismo frente a autoridades. Eso es revictimización. Es someterlos a una presión emocional constante que deriva en ansiedad, depresión, trastornos de apego y deterioro en su desarrollo. Ese daño no es hipotético: es acumulativo y puede ser irreversible.
¿Por qué ocurre? Porque el sistema no solo enfrenta expedientes; enfrenta presiones. Presión mediática, presión institucional y presión interna. Cuando los juzgadores operan bajo ese entorno, el margen para decidir con independencia se reduce y el riesgo es evidente: la decisión deja de centrarse en el menor y empieza a moverse alrededor de factores externos. La justicia que teme, no protege.
Quintana Roo no es ajeno a esta realidad. Existen expedientes con condiciones incumplidas, procesos que avanzan sin verificar riesgos y decisiones que priorizan el conflicto adulto por encima de la seguridad infantil. La diferencia es que aquí aún no hay un caso que haya detonado a nivel nacional. La pregunta es directa: ¿vamos a esperar a que ocurra una tragedia para actuar?
El sistema requiere recuperar la credibilidad, y para lograrlo debe aceptar un estándar más alto: peritajes independientes y obligatorios; entrevistas infantiles videograbadas, únicas y técnicas; umbrales claros de riesgo para suspender convivencias; plazos máximos en procesos de custodia; y revisión obligatoria cuando existan condiciones incumplidas.
Pero hay una discusión que ya no se puede postergar: la corresponsabilidad institucional. Si para un crédito existen obligados solidarios, si para un acto fiscal se exigen garantías, si para operar una empresa se requieren controles estrictos… ¿por qué en la protección de un menor —el bien jurídico más importante— no existe una responsabilidad equivalente?
Cuando hay riesgo documentado, cuando existen condiciones impuestas que no se cumplen, cuando había elementos para actuar y no se hizo… la omisión no puede seguir siendo invisible. Debe abrirse el debate sobre mecanismos de responsabilidad solidaria en decisiones donde, por acción u omisión, se permita que un menor sea expuesto a daño grave: en su salud mental, en su estabilidad o incluso en su vida.
No se trata de criminalizar al juez. Se trata de elevar el estándar. Porque sin consecuencias, la ley pierde fuerza. Y sin fuerza, el sistema pierde sentido.
La convivencia no es un derecho absoluto. Es una responsabilidad condicionada a la seguridad del menor. Si esa seguridad no está acreditada, no debería haber margen de interpretación.
La ley protege a los niños en papel; en la práctica, hoy no es suficiente. Cuando el sistema duda, el niño paga. Y si el sistema no corrige, lo que hoy vemos como advertencia dejará de ser un caso aislado.
Será una consecuencia.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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