- El gobierno mexicano ha venido aplicando una serie de medidas orientadas a fortalecer el control fiscal y migratorio sobre extranjeros residentes.
STAFF/ LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno mexicano ha venido aplicando una serie de medidas orientadas a fortalecer el control fiscal y migratorio sobre extranjeros residentes, particularmente ante el crecimiento de ciudadanos estadounidenses que viven de manera temporal o permanente en el país.
Las acciones incluyen aumentos en tarifas migratorias, mayores requisitos de solvencia económica y una aplicación más estricta de las disposiciones fiscales relacionadas con residencia tributaria.
Una de las primeras medidas fue el ajuste en las tarifas de residencia temporal y permanente administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante 2025, los costos de residencia registraron incrementos de entre 4% y 5%, mientras que en el Congreso se discute una propuesta para duplicar varios trámites migratorios a partir de 2026.
De aprobarse, la residencia temporal de un año superaría los 11 mil pesos y la residencia permanente rondaría los 13 mil 500 pesos.
Autoridades federales han señalado que estos ajustes buscan fortalecer la capacidad operativa migratoria y actualizar los costos asociados a la creciente demanda de servicios para población extranjera.
Paralelamente a estas medidas, consulados mexicanos y oficinas migratorias endurecieron los requisitos de solvencia económica para quienes solicitan residencia en México.
Actualmente se exigen:
- estados de cuenta bancarios,
- comprobantes de ingresos mensuales,
- declaraciones fiscales,
- constancias laborales,
- y evidencia de inversiones o pensiones.
Para residencia temporal, los solicitantes deben demostrar ingresos de entre 33 mil y 55 mil pesos mensuales, mientras que para residencia permanente los montos pueden superar los 80 mil pesos mensuales.
El endurecimiento también incluye una revisión más rigurosa de la residencia fiscal de extranjeros que permanecen largos periodos en México.
El Código Fiscal de la Federación establece que una persona puede ser considerada residente fiscal cuando tiene vivienda habitual en México o cuando su principal centro de intereses económicos se encuentra en territorio nacional.
Bajo ese criterio, residentes extranjeros podrían estar obligados a declarar ingresos y pagar impuestos en México, incluso si perciben recursos desde el extranjero.
Aunque estas disposiciones ya existían en la legislación mexicana, especialistas consideran que actualmente existe una mayor coordinación entre autoridades migratorias y fiscales para detectar casos de residencia prolongada sin registro tributario.
Las medidas coinciden con el incremento sostenido de ciudadanos estadounidenses viviendo en México. Datos del Departamento de Estado de Estados Unidos estiman que alrededor de 1.6 millones de estadounidenses residen en territorio mexicano entre permanentes y temporales.
El fenómeno se ha concentrado en zonas urbanas y turísticas como Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Quintana Roo y Guanajuato.
En algunas áreas de alta demanda inmobiliaria, autoridades locales y especialistas han vinculado el crecimiento de residentes extranjeros con aumentos en rentas, expansión de plataformas de hospedaje temporal y presión sobre servicios urbanos.
Frente a este escenario, el gobierno federal sostiene que las nuevas medidas buscan fortalecer la legalidad tributaria, actualizar mecanismos migratorios y garantizar que las obligaciones fiscales se apliquen bajo los mismos criterios para nacionales y extranjeros residentes.
