Zósimo Camacho
Bases de datos, solicitudes de transparencia y videos evidencian parte del funcionamiento del sistema de privilegios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La arbitrariedad y la falta de transparencia con las que sólo 15 “notables” –la Junta de Gobierno– eligen al rector y a los directores de los institutos, facultades, colegios y escuelas, se reproduce en los escalafones de toda la estructura universitaria.
Así, cada vez son más burdas las maniobras de quienes, como señores feudales, controlan sectores –grandes o pequeños– en la llamada máxima casa de estudios del país. En esta ocasión nos referimos a las coordinaciones de carrera y sus amaños para otorgar definitividades a profesores por razones políticas o de grupo antes que académicas. Los concursos de oposición se convierten en fraudes que avalan la integración de plantillas de docentes con amigos, familiares o subordinados de quienes mandan en los planteles.
Empecemos por decir que los profesores de asignatura de la UNAM viven en la precariedad laboral, con percepciones mensuales promedio de 3 mil 500 a 7 mil pesos. Adicionalmente, si no cuentan con “definitividad” en alguna materia, padecen la incertidumbre de que cada semestre el coordinador de carrera tenga a bien renovarles el contrato. Están sujetos a los caprichos de los funcionarios en turno. Y al no contar con plaza, carecen asimismo de los derechos que les otorgaría un empleo de base.
De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), la UNAM reconoce como personal académico a 43 mil 779 personas. Con datos actualizados a enero de este año, la Estadística universitaria señala que, de ellas, 39 mil 207 son profesores. Y de estos últimos, 12 mil 917 son de carrera, es decir, cuentan con plaza. Mientras, 26 mil 290 son de asignatura. Así el 67 por ciento de quienes soportan la función sustantiva de la educación en la Universidad viven en la incertidumbre laboral.
Por ello, el personal contratado por asignatura está en constante búsqueda de alcanzar las “definitividades” de las materias que imparte. Así se procura que al menos una clase le sea renovada semestre tras semestre. Pero sólo el 27 por ciento de estos profesores cuentan con una definitividad. Cada concurso de oposición representa la oportunidad de que quienes imparten la materia desde hace años alcancen al menos esa pequeña certeza laboral.
Resulta particularmente indignante que estos procesos, bajo el ropaje de la legalidad y la excelencia académica, escondan mecanismos perversos de exclusión y designación arbitraria. Un ejemplo reciente, documentado paso a paso, ocurrió en el concurso de oposición abierto para la asignatura de Bioestadística I en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Un solo jurado distorsionó todo el proceso para favorecer a dos personas, una de ellas resultó ganadora.
La convocatoria y el primer indicio de fractura
El 26 de enero de 2023, la Gaceta UNAM 5,356 publicó la convocatoria para dos plazas de definitividad en Bioestadística I. Parecía un acto de justicia laboral para los profesores de asignatura que llevan años en el limbo contractual, entre ellos, José María Hernández Rivera, psicólogo con siete años y medio de impartir cátedra.
Pronto, sin embargo, asomaron las irregularidades. Mientras que la convocatoria publicada en la Gaceta establecía tres requisitos documentales de evaluación, ya iniciado el proceso se agregó uno más. La intención era poner en ventaja a dos candidaturas, como veremos a continuación.
Información entregada por la Universidad en respuesta a la solicitud de información 410031900018925 –presentada por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública– señala que el jurado de ese proceso estuvo compuesto por cuatro personas. Tres de ellas calificaron con relativa consistencia. El cuarto, Antonio Edmundo Cisneros Cisneros, actuó como si estuviera viendo dos concursos diferentes.
El patrón que delató al “juez”
Las cifras no mienten. Las actas del proceso revelan que Cisneros Cisneros dividió a los cinco participantes en dos grupos. Los participantes 1, 2 y 4 (provenientes de Enfermería, Ecología y Psicología, es decir, fuera del círculo de Cisneros) recibieron calificaciones aproximadas a 40 puntos. Los participantes 3 y 5 (cercanos Cisneros) obtuvieron calificaciones que rondan los 80 puntos.
La estadística elemental, esa que se enseña en el primer curso de Bioestadística, expone al juez. En promedio, Cisneros calificó a los del primer grupo 42 puntos por debajo de lo que les dieron sus otros tres colegas. En cambio, a los del segundo grupo los calificó 4.55 puntos más arriba que el resto de los jurados.
¿Casualidad? La probabilidad dice que no. ¿Qué pasa si borramos al juez amigo? El resultado da un vuelco total. El proceso debería avergonzar a toda la comisión dictaminadora.
En efecto, con las calificaciones de Cisneros incluidas, José María Hernández Rivera obtuvo el tercer lugar, apenas 0.48 puntos por debajo del segundo lugar. Pero cuando se eliminan las calificaciones del juez sospechoso, el mundo se invierte. Hernández Rivera sube al segundo lugar, con 9.14 puntos de ventaja sobre el tercero. Y el participante 5 (declarado ganador en el dictamen original) se desploma al cuarto lugar, a 11.41 puntos del ahora segundo lugar. Más aún, podemos observar que los dos participantes calificados con puntuaciones altas por Cisneros (3 y 5) terminarían en los dos últimos lugares.
La conclusión es irreversible: sin la intervención de Cisneros, el resultado del concurso cambiaba radicalmente. Pero él estaba ahí, y votó como quien cuida su parcela.
Los videos del cinismo
La historia se vuelve más turbia al analizar el papel de la Comisión Especial Revisora. En el video de esa reunión, entre los minutos 12:00 y 28:00, Cisneros Cisneros “justifica” la baja calificación a Hernández Rivera con argumentos que cualquier profesor reconocería como subjetivos y vagos: “Se tarda mucho en la introducción y divaga, no profundiza el tema y tiene mucha información inadecuada para z”. Ambiguo, impreciso, no cuantificable. Casi todo lo contrario a lo que exige una prueba didáctica en Bioestadística.
Y si alguien cree que el Consejo Técnico de la dependencia sirvió como instancia correctora, que revise los videos. En la Sesión Ordinaria 771 (intervalo 2:40:25 a 2:55:41), la directora suelta una perla que resume el espíritu del corporativismo académico: “… con José María no es que tenga un problema, él es psicólogo, y luego concursó en todo…”. En otras palabras: un psicólogo que se atreve a concursar en Biología debe saber su lugar.
Más grave aún, Bertha Segura Alegría afirma que Hernández Rivera “no iba a obtener la definitividad”. ¿Por qué? No por falta de méritos, sino porque no estaba en los planes. Y cuando el afectado pidió ser escuchado en el pleno del Consejo Técnico (Sesión 776, punto 174, intervalo 4:23:23 a 4:32:54), la directora sentenció: “José María es una persona que se queja bastante…”. La cereza del pastel fue Rodrigo Erick Escartín Pérez, quien mintió al afirmar que “había valores bajos en todos los participantes”, cuando la evidencia muestra que Cisneros sólo calificó bajo a uno.
Nueva jugada: modificar el reglamento para no dejar evidencia
El colmo del cinismo ocurrió después de que Hernández Rivera hiciera uso de la Ley de Transparencia. El Consejo Técnico, que durante casi tres años no había tocado su reglamento interno, decidió en la Sesión 776 que era “buen momento” para modificar las reglas. ¿El cambio más relevante? Ya no se podrán videograbar las sesiones. Así de fácil: cuando la evidencia los exhibe, cambian las reglas para que no quede registro.
Este caso no es una anécdota. Es el reflejo de un sistema donde los profesores de asignatura –que constituyen la mayoría de la planta docente de la UNAM– compiten en concursos que, en la práctica, están diseñados para que ganen los amigos, los subordinados o los aliados políticos de quienes controlan los Consejos Técnicos. Las cartas de “no conflicto de interés” que todos los integrantes de los jurados firman son, en este contexto, un simple adorno.
La petición de José María Hernández Rivera a la autoridad universitaria es mínima: que se apeguen a criterios objetivos, científicos e imparciales. Pero la pregunta que queda flotando, después de revisar folios y videos, es otra: ¿en algún momento de estas “discusiones” se utilizó un solo criterio académico que no fuera la lealtad de grupo?
Mientras tanto, miles de profesores de asignatura siguen viendo cómo las definitividades se otorgan en oficinas, no en exámenes. Y los concursos de oposición, en muchos casos, sólo legalizan una decisión ya tomada. La afectación es a los profesores, pero también a los alumnos: resulta que quienes les imparten cátedra no necesariamente son los más idóneos, sino los amigos, los aliados o los subordinados de los jefes de carrera.
