Zósimo Camacho
La justicia agraria en México atraviesa por una profunda crisis. A nivel nacional, la tenencia de la tierra experimenta un cambio de manos operado desde las alturas del poder económico y a instancias de quienes deberían proteger la propiedad social.
Mientras se presume una renovación del Poder Judicial, en el limbo siguen tanto el Tribunal Superior Agrario (TSA) como los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA). Sin que nadie se inmute, siguen en sus puestos 19 magistrados que han visto vencidos los periodos para los que fueron designados, algunos desde hace más de 10 años.
Y así siguen impartiendo “justicia”: emitiendo sentencias, decidiendo a quién pertenece la tierra en cada una de las miles de disputas que tienen lugar en toda la geografía mexicana. Por si eso no fuera suficiente, la mayoría de estos funcionarios fueron electos por el pripanismo, con la consigna de desmontar la propiedad social y favorecer la privatización de ejidos, comunidades agrarias y colonias agrícolas. Así, con esas directrices, fallan.
No es que les obliguen. Por formación, posición ideológica y por intereses, gustosos han prohijado el regreso de los terratenientes: empresarios y políticos que acaparan miles de hectáreas. Han fallado a favor del capital –incluso, trasnacional– y han operado el despojo de las familias campesinas.
Ejemplos abundan. Uno de los casos más descarados se encuentra nada menos que en el Pleno del TSA. Revela un patrón inquietante: la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara –quien se hizo magistrada del TSA a instancias de Felipe Calderón en 2012– se ha convertido en el voto sistemático contra las comunidades campesinas, ejidos y bienes comunales. No importa si es ponente o si su postura es minoritaria; su firma aparece invariablemente en el sentido opuesto a la protección de la propiedad social de la tierra.
Un recorrido por resoluciones recientes del Pleno del TSA, fechadas entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, permite documentar esta conducta con números de expediente, nombres y fechas.
El voto en contra que se repite
En el recurso de revisión 137/2020-5, resuelto el 18 de febrero de 2026, el TSA, por mayoría de cuatro votos, determinó cumplir la ejecutoria del amparo directo administrativo 165/2024 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito. El asunto original es el juicio agrario 370/2009, promovido por Santiago Ochoa Aguirre, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del poblado Témoris, perteneciente a la comunidad indígena Rarámuri (Tarahumara) en Guazapares, Chihuahua, en acción de restitución de tierras. La magistrada Larisa Ortiz Quintero fue ponente. ¿La posición de Méndez de Lara? Votó en contra, emitiendo voto particular. Una comunidad indígena que lucha por la restitución de sus tierras no encontró en ella una aliada.
Un día antes, el 17 de febrero de 2026, en el recurso de revisión 33/2026-42, el Pleno revocó una sentencia favorable a la comunidad y ordenó reponer el procedimiento. Este recurso fue interpuesto por el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, parte demandada en el juicio agrario 320/2023, promovido por María Félix Mayorga Guillen y otros, del poblado San Isidro, municipio de Corregidora, Querétaro, en acción de restitución de tierras ejidales. La sentencia de primera instancia, dictada el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, fue revocada “al advertirse una violación procesal”. En este caso, Méndez de Lara fue la magistrada ponente, y su propuesta (revocar y reponer) fue aprobada por mayoría de cuatro votos. La magistrada votó a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en contra de los campesinos de San Isidro.
Cuando el Pleno protege al ejido, ella vota en contra
Los casos más reveladores son aquellos en los que la mayoría del Pleno resuelve a favor de los núcleos agrarios y Méndez de Lara se queda sola o en minoría.
El 28 de enero de 2026, el Pleno del TSA resolvió al menos cinco recursos relacionados con el ejido “Cabo San Lucas”, en Los Cabos, Baja California Sur. En todos ellos, la mayoría protegió en algún sentido los derechos ejidales o declaró improcedentes los recursos de particulares. Méndez de Lara votó en contra en cada uno:
En el recurso de revisión 571/2025-48 (juicio agrario 180/2023), promovido por Todd Lyn Hochsteder en controversia sobre contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales (artículo 45 de la Ley Agraria), la sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 48 del 12 de septiembre de 2025 fue confirmada por mayoría de cuatro votos. Méndez de Lara emitió voto particular en contra.
En el recurso de revisión 587/2025-48 (juicio agrario 6/2024), promovido por Roger Anthony Martin y Laura Lee Haney-Martin en acción de terminación de contrato, el Pleno declaró improcedente el recurso por mayoría de cuatro votos. Méndez de Lara votó en contra y formuló voto particular.
En el recurso de revisión 584/2025-48 (juicio agrario 22/2024), promovido por Gregory Phillip Welch contra sentencia del 17 de octubre de 2025, el Pleno declaró improcedente el recurso. Méndez de Lara votó en contra.
En el recurso de revisión 585/2025-48 (juicio agrario 31/2024), promovido por Frank Phillip Bonise en acción de terminación de contrato, el Pleno declaró improcedente el recurso. Méndez de Lara emitió voto en contra.
En el recurso de revisión 583/2025-48 (juicio agrario 27/2024), promovido por David Lee Sawkins, el Pleno declaró improcedente el recurso. Méndez de Lara votó en contra.
En el recurso de revisión 586/2025-48 (juicio agrario 16/2025), promovido nuevamente por Frank Phillip Bonise, el Pleno declaró improcedente el recurso. Méndez de Lara fue ponente, pero su propuesta fue disidente (voto de ponente y disidente), lo que significa que ni siquiera su propio criterio como ponente fue aceptado por la mayoría.
También en el centro del país
El 10 de septiembre de 2025, en el recurso de revisión 334/2025-55 (juicio agrario 549/2019-55), el Pleno confirmó por mayoría de tres votos la sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55, con sede en Pachuca, Hidalgo, de 30 de abril de 2025. El asunto original fue promovido por Jennifer y Lisset Trejo de la Peña, causahabientes de Cristóbal Trejo Martín, parte actora en un conflicto por límites en la comunidad El Alberto, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, perteneciente al pueblo Otomí. La sentencia confirmó la resolución de primera instancia. Méndez de Lara fue ponente, pero emitió voto de ponente y disidente, lo que significa que su propuesta fue rechazada por la mayoría. En otras palabras, ni siquiera cuando ella redactó el proyecto logró imponer su criterio. La mayoría (tres magistrados) votó en sentido contrario al suyo.
También contra ejidos en Coahuila y Baja California
En el recurso de revisión 551/2025-06, resuelto en febrero de 2026, relacionado con el ejido La Gloria, municipio de Sierra Mojada, Coahuila (juicio agrario 887/2019, acción de conflicto por límites y nulidad de actos y documentos), el Pleno aprobó por tres votos a favor y dos en contra la revocación para efectos. Los votos en contra fueron del magistrado Alberto Pérez Gasca (ponente y disidente) y de Maribel Concepción Méndez de Lara, quien emitió voto particular.
En el recurso de revisión 590/2025-2 (juicio agrario 144/2022), relacionado con el ejido Plan Nacional Agrario, municipio de Mexicali, Baja California, en acción de rescisión de convenio promovido contra Minera Real de Ángeles, SA de CV, el Pleno declaró improcedente el recurso de la minera por mayoría de cuatro votos el 28 de enero de 2026. Méndez de Lara fue ponente, pero emitió voto de ponente y disidente, lo que significa que su propuesta (probablemente a favor de la minera) fue rechazada por la mayoría.
Un patrón que no puede ignorarse
Los datos son contundentes. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, en al menos 11 resoluciones del Pleno del Tribunal Superior Agrario documentadas, la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara votó consistentemente en contra de los intereses de ejidos, comunidades indígenas y bienes comunales. Ya sea como ponente (revisión 33/2026-42, a favor de la SICT; revisión 586/2025-48, a favor del particular; revisión 334/2025-55, contra la comunidad otomí; revisión 590/2025-2, a favor de la minera) o como simple votante (137/2020-5, 571/2025-48, 587/2025-48, 584/2025-48, 585/2025-48, 583/2025-48, 551/2025-06), su voto es siempre el mismo: en contra de la propiedad social.
De destacarse que, incluso cuando queda en minoría, no deja de emitir su voto ponente disidente (para poner en riesgo la autenticidad de la resolución y dejar lagunas en el razonamiento y argumentación como oportunidades de impugnación en el amparo) o voto particular (para marcar la pauta con la que reclamen los vencidos).
Como dimos cuenta en este espacio, Méndez de Lara, junto con otros tres magistrados del TSA, es investigada por la Fiscalía General de la República. Acumula denuncias por diversas irregularidades que han interpuesto núcleos agrarios.
No se trata de interpretaciones subjetivas. Se trata de actas de sesiones plenarias, firmas autógrafas, votos particulares y votos de ponente disidente. La magistrada Méndez de Lara tiene todo el derecho a votar según su conciencia, pero el derecho de las comunidades campesinas a una justicia imparcial exige preguntarse: ¿por qué siempre en contra? ¿Por qué cada vez que un ejido o una comunidad indígena obtiene un fallo favorable en primera instancia o ante los colegiados, ella aparece del otro lado?
Estamos ante la oportunidad única de revisar estos patrones y renovar la justicia agraria. ¿Por qué se demora tanto la renovación y ratificación de magistraturas? Las familias campesinas –indígenas y mestizas– de México, merecen saber si quien se sienta en el Tribunal Superior Agrario juzga con base en el derecho o con base en intereses que sistemáticamente se oponen a la propiedad social de la tierra.
Los expedientes hablan por sí mismos.
