Zósimo Camacho
Las conclusiones de la investigación son tan implacables como los bombardeos que la inspiraron. Las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes, según el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad contra niños palestinos. No se trata de daños colaterales ni de errores tácticos. Estamos, dice la Comisión, ante un patrón de conducta deliberado, una estrategia para destruir la continuidad biológica y el futuro de la población palestina en Gaza. Es la confirmación, con nuevos elementos, de que se está cometiendo un genocidio.
El informe, presentado este 23 de junio y titulado La esencia de la infancia ha sido destruida, consta de casi 100 páginas de evidencia forense que diseccionan 30 meses de horror, desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026. Es la primera vez que un órgano investigador de la ONU dedica un informe específico a los crímenes contra la infancia palestina. Y lo que documenta es la aniquilación sistemática de una generación.
Los números, por sí solos, son un veredicto: más de 20 mil niños muertos y más de 44 mil heridos entre octubre de 2023 y octubre de 2025. Así, los menores representan cerca del 30 por ciento de todas las víctimas mortales en el territorio palestino ocupado. La guerra de Benjamin Netanyahu no es contra Hamás sino contra las infancias palestinas.
Las pruebas reunidas revelan una carnicería meticulosa. No son sólo bombas de gran potencia lanzadas sobre edificios residenciales. La Comisión documenta francotiradores y disparos de drones que apuntan a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los niños. La intención es evidente. El ataque deliberado contra los más jóvenes no es un subproducto del conflicto; es uno de los elementos que demuestra la intención específica de destruir a la población palestina. Es la materialización de una estrategia que busca debilitar la vitalidad demográfica y negar el derecho a la autodeterminación, al atacar su propia capacidad para existir. La infancia siempre fue el objetivo del Estado sionista de Israel.
Pero el genocidio no se limita a las muertes directas. El informe detalla la destrucción del entorno que permite la vida. El 97 por ciento de las escuelas de Gaza han sido destruidas. El 95 por ciento de las universidades han resultado afectadas, y 22 de las 38 que existían han quedado completamente reducidas a escombros. Al atacar las instituciones educativas, se priva a los niños de su derecho a la educación y se socavan las bases sociales e intelectuales de toda una sociedad. Es la destrucción del futuro intelectual, la condena a la ignorancia como arma de sometimiento. La tierra arrasada en Gaza es también el arrasamiento de la memoria y el conocimiento.
Además, mientras las bombas caían, el hambre se convertía en un verdugo silencioso y eficaz. Hasta el primero de octubre de 2025, la Comisión registró 151 muertes de niños por desnutrición.
La violencia no se detuvo con el alto el fuego. Las violaciones continuaron. Se han documentado torturas, tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual y de género contra menores, a menudo durante las detenciones o bajo custodia de las autoridades israelíes. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la comisión determinó que también se han cometido crímenes de guerra. Un ejemplo dramático: un adolescente de 14 años herido de bala murió desangrado durante 45 minutos mientras soldados israelíes impedían que su madre y una ambulancia se acercaran. La Comisión ha identificado a la unidad militar responsable. Saben quiénes son… pero nadie hace nada.
La respuesta del gobierno israelí ha sido la predecible: calificar el informe de “farsa difamatoria”. La Comisión, por su parte, ha compartido la información con la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia.
El llamado de la Comisión a la comunidad internacional es claro y urgente: hay que investigar a los perpetradores mediante tribunales nacionales o el principio de jurisdicción universal. Los Estados deben cumplir las órdenes de arresto de la CPI, emplear todos los medios para prevenir el genocidio y, fundamentalmente, suspender las transferencias de armas que puedan utilizarse para violar el derecho internacional.
Importante, no olvidar que pesa una orden de arresto emitida por la CPI desde el 21 de noviembre de 2024 contra Benjamin Netanyahu. En la ficha de la Corte se le identifica como una persona nacida el 21 de octubre de 1949, “Primer Ministro de Israel en el momento de la conducta correspondiente”.
Se le acusa de ser “responsable de crímenes de guerra, de hambruna como método de guerra y de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024”.
El personaje siguió acumulando atrocidades en todo este tiempo… sin que nadie se atreviera a cumplir la orden de arresto en su contra.
La impunidad es el combustible de este genocidio, donde la vida y el futuro de los niños palestinos no tienen valor. La historia no debe ser indulgente con los perpetradores del genocidio ni con quienes miran hacia otro lado mientras se aniquila la infancia.
