- Jueces mayas del Juzgado Tradicional de San Francisco, uno de los que operan en comunidades originarias de Quintana Roo.
FELIPE VILLA
ZONA MAYA, Q. ROO.- No tienen estrados, tampoco togas ni largas audiencias llenas de tecnicismos. No hablan en latín jurídico, pero sí en maya. No emiten sentencias inscritas en tomos polvorientos, pero sus decisiones son acatadas con respeto y eficacia.
Son los jueces tradicionales mayas de Quintana Roo, y desde hace más de 25 años han demostrado que para impartir justicia no siempre hace falta reformar la Constitución, sino simplemente escuchar al pueblo.
Desde 1997, cuando se promulgó la Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo, comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas han elegido a sus jueces mediante asambleas comunitarias.
Los seleccionan por su sabiduría, su honestidad, su dominio del idioma y su arraigo cultural. Son 17 jueces que, sin mayor ceremonia, han resuelto más de 4,000 casos. Todos con la ley en la cabeza y el sentido común en el corazón.
CUANDO EL JUICIO LO DICTA UN GUAJOLOTE
A veces, la realidad supera a la ficción. En una de estas comunidades, uno de los casos más recordados no involucró testigos renuentes, ni peritajes complejos ni documentos oficiales. Involucró a un guajolote.
El pavo, de nombre desconocido, pero con dueño supuesto, desapareció del patio de don Andrés y apareció días después en el corral de don Manuel, quien aseguraba que el animal era suyo. Ningún argumento logró convencer al juez. Ni fotos ni testimonios de vecinos ni la palabra del propio don Manuel.
La sentencia fue clara y salomónica: soltar al guajolote justo a la mitad del camino. “Él sabrá dónde está su hogar”, dijo el juez. Y así fue. El animal corrió con tal decisión al corral de don Andrés que no quedó duda. Caso cerrado. Don Manuel, por mentir, fue condenado a realizar servicio comunitario durante 30 días. Justicia poética, pero efectiva.
CONCILIACIÓN, NO CASTIGO
En este modelo ancestral, la justicia es restaurativa, no punitiva. Lo que importa es la armonía de la comunidad, no el castigo ejemplar. Las sesiones suelen durar poco, porque se resuelven en una sola audiencia. La gente asiste, escucha, participa.
El juez, con voz firme pero cercana, toma decisiones que son respetadas porque nacen del consenso y del conocimiento de la vida comunitaria.
Los jueces atienden conflictos familiares, deudas, problemas con la tierra, violencia intrafamiliar, o desacuerdos por bienes. Pero no se ocupan de delitos graves como homicidio o narcotráfico.
En esos casos, el sistema estatal interviene. Sin embargo, en lo cotidiano, su presencia evita que miles de casos saturen juzgados formales.
Como lo ha señalado Felicitas Martínez Solano, lideresa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero, los sistemas de justicia indígena no sólo funcionan, sino que le ahorran millones de pesos al Estado.
Y, además, fortalecen la cohesión social, preservan la cultura y ofrecen un modelo accesible, legítimo y eficaz.
En el caso de Quintana Roo, el respeto por esta tradición ha sido clave para mantener la paz social en comunidades que, de otro modo, estarían a merced de procesos judiciales lejanos, lentos y ajenos a su realidad.
Mientras en el Congreso se discuten reformas judiciales de alto impacto, aquí no ha hecho falta cambiar ninguna ley para que la justicia funcione. Basta con reconocer lo que siempre ha estado ahí: el derecho de los pueblos a gobernarse y a juzgarse conforme a sus costumbres.
Y es que, en el sur del país, en medio de la selva y los cenotes, se demuestra que el poder no está en los tribunales, sino en la comunidad. Que la justicia no se impone, se construye. Y que un pavo puede ser más convincente que mil abogados.
Porque en las comunidades mayas, la ley no se escribe: se vive.
