POR KUKULKAN
HAY NOSTALGIAS que ni el tiempo ni las conferencias mañaneras logran curar. Una de ellas es la de las grandes televisoras mexicanas, acostumbradas durante décadas a vivir con cargo al presupuesto público y a corresponder con una cobertura tan amable que los presidentes de la era neoliberal podían dormir tranquilos, sabiendo que el noticiero estelar jamás les arruinaría la cena.
AQUELLOS sí eran tiempos dorados. Si el mandatario inauguraba una carretera inconclusa, era una obra histórica. Si la economía apenas crecía unas décimas, se hablaba del “milagro mexicano”. Si la corrupción alcanzaba niveles escandalosos, simplemente se cambiaba de tema. Y si algún escándalo amenazaba con salpicar a Los Pinos, siempre aparecía una nota más importante: un eclipse, un huracán o el nacimiento de un panda.
TODO tenía solución… mientras la publicidad oficial siguiera fluyendo. Los números no mienten. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Gobierno federal gastó más de 60 mil millones de pesos en publicidad oficial. Una cifra tan descomunal que difícilmente puede justificarse bajo el argumento de informar campañas de vacunación o programas sociales.
AQUELLO fue, para muchos analistas y organizaciones civiles, un sistema de premios y castigos donde el presupuesto se convirtió en un eficaz instrumento de control político. Y entre los grandes ganadores aparecían, como era costumbre, Televisa y Televisión Azteca.
SÓLO la televisora de Ricardo Salinas Pliego recibió más de cinco mil millones de pesos durante el gobierno priista. La organización Fundar documentó que entre 2013 y 2016 obtuvo alrededor de 3 mil 600 millones, equivalentes al diez por ciento de toda la publicidad oficial ejercida en ese periodo, a los que se sumaron cerca de dos mil millones más durante los últimos años del sexenio. Un negocio redondo. Criticar al cliente nunca ha sido una estrategia comercial recomendable.
ENTONCES llegó la Cuarta Transformación y ocurrió algo que muchos en los consorcios mediáticos jamás imaginaron: el río de dinero comenzó a secarse. No desapareció la publicidad oficial. Tampoco podía hacerlo, porque el Estado tiene la obligación de comunicar campañas de salud, educación, protección civil y programas gubernamentales. Lo que sí cambió fue el tamaño del presupuesto.
CON LA LLEGADA de Andrés Manuel López Obrador el gasto federal en comunicación social se redujo aproximadamente a una tercera parte de lo que ejerció Peña Nieto. Y ahí comenzó el drama. Televisión Azteca todavía recibió 368 millones de pesos en 2019. Después vinieron 243 millones en 2022, 111 millones en 2023 y apenas 17 millones en 2024. Para 2025 ocurrió lo impensable. Cero pesos. Ni un solo contrato de publicidad oficial federal.
LA EMPRESA desapareció por completo del listado de beneficiarios del sistema COMSOC. ¡Qué tragedia! Y es que una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta perder miles de millones de pesos en ingresos. Resulta curioso que conforme disminuían los convenios también aumentaba el volumen de las descalificaciones. Coincidencia, dirán algunos. Otros pensarán que cuando se termina el subsidio comienza el activismo editorial.
LO CIERTO es que basta revisar ciertos espacios informativos para encontrarse todos los días con un país presentado como si estuviera al borde del colapso definitivo. Cada decisión gubernamental se anuncia como una catástrofe; cada rumor se convierte en noticia; cada error administrativo adquiere dimensiones de crisis nacional; y cualquier declaración aislada basta para fabricar una narrativa de desastre permanente.
DESDE luego, eso no significa que el Gobierno deba quedar exento del escrutinio público. Todo lo contrario. La democracia necesita medios críticos, incómodos e independientes. El periodismo serio existe precisamente para cuestionar al poder, investigar abusos y exigir cuentas a los gobernantes. Lo preocupante es cuando la crítica deja de sustentarse en hechos y comienza a construirse sobre especulaciones, exageraciones o versiones que terminan desmintiendo la realidad apenas pasan unas horas.
LA RECIENTE reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump durante la final del Mundial es un buen ejemplo. Durante meses algunos comentaristas aseguraron que la relación bilateral estaba completamente rota, que Washington preparaba medidas extremas e incluso que una intervención militar estadounidense era cuestión de tiempo. Después aparecieron los tres mandatarios de los países sede —México, Estados Unidos y Canadá— compartiendo el mismo palco.
LA FOTOGRAFÍA no borró las diferencias entre ambos gobiernos, pero sí dejó en evidencia que la diplomacia suele ser mucho más compleja que las narrativas catastrofistas construidas para obtener rating. Paradójicamente, mientras algunos sostienen que la Cuarta Transformación persigue a los medios, los propios datos oficiales muestran otra realidad. Televisa continúa siendo el principal receptor de publicidad oficial federal. En 2025 obtuvo 412 millones de pesos, un incremento real cercano al diez por ciento respecto a los 356 millones recibidos en 2024. Entre enero y mayo de este año ya acumulaba otros 15 millones.
EN LA LISTA le siguen La Jornada, con 270 millones; Grupo Milenio, con 259 millones; el IMER, con 188 millones; Grupo Imagen, con 178 millones; y Grupo Fórmula, con 154 millones, a pesar de que varios de sus comunicadores mantienen una postura abiertamente crítica hacia los gobiernos de Morena. Es decir, la publicidad oficial sigue existiendo y continúa distribuyéndose entre medios con líneas editoriales muy distintas. Lo que desapareció fue aquella época en que el presupuesto federal parecía una membresía vitalicia para unos cuantos privilegiados.
QUIZÁ por eso algunos siguen tan irritados. Durante décadas confundieron el dinero público con un derecho adquirido y la cercanía con el poder con independencia periodística. Ahora que el chayote dejó de florecer con la exuberancia de otros tiempos, algunos descubrieron una nueva vocación: convertirse en opositores de tiempo completo. Y no porque el periodismo crítico sea el problema. El problema aparece cuando la nostalgia por los miles de millones perdidos termina pesando más que el compromiso de informar con objetividad. Al final, como suele ocurrir en este país, hay quienes siguen extrañando aquellos tiempos en que el mejor negocio no era contar la verdad… sino cobrar por no contarla.
