Zósimo Camacho
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una crisis multidimensional. Quedó expuesta la fragilidad de su proceso de admisión, pero también un aspecto que no ha sido abordado: la colusión entre autoridades y representantes sindicales para desplazar a los trabajadores de su materia de trabajo. El desaguisado del examen es una muestra de cómo se ha normalizado la privatización de procesos que la “máxima casa de estudios” del país debería realizar con sus propios recursos.
El fraude del examen de ingreso a licenciatura 2026 no fue únicamente académico ni económico. Fue, ante todo, administrativo. Y no sólo defraudó a los estudiantes y a la sociedad. Defraudó, también, a los trabajadores de la UNAM, que fueron desplazados sin que nadie, ni las autoridades ni su propio sindicato, alzara la voz.
El Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) es titular del contrato colectivo de trabajo del personal administrativo de esta institución. En la cláusula transitoria vigésimo quinta de ese convenio bilateral se especifica literalmente: “La UNAM a través de las autoridades de cada dependencia solicitará al STUNAM por conducto de las delegaciones sindicales con 60 días de anticipación a la aplicación de los exámenes de los concursos de selección de aspirantes el número de trabajadores administrativos que auxilien en dichos procesos las veces que se requieran, cuando lo anterior sea necesario y en los lugares en donde se lleve a cabo”.
Esa cláusula es parte de los derechos adquiridos de los trabajadores, una garantía laboral y un compromiso bilateral que durante décadas permitió que el proceso de admisión fuera una tarea compartida entre la institución y su fuerza de trabajo. Hasta antes de la llegada de Territorium Life, entre 4 mil y 5 mil trabajadores eran requeridos para apoyar en las actividades relacionadas con el examen de ingreso a la licenciatura. Desempeñaban labores como Auxiliar de Intendencia, Vigilantes, Aplicadores, Supervisores o Coordinadores de Módulo. Los trabajadores laboraban el viernes previo al examen, en el que tomaban un curso de capacitación y realizaban una simulación; el sábado y el domingo participaban en la aplicación del examen. Por estas actividades recibían un pago que rondaba entre los 2 mil y los 4 mil pesos, un ingreso extra que, para quienes sobreviven con salarios precarios, significaba la diferencia entre llegar a fin de mes o no.
Pero este año la UNAM decidió delegar la organización del examen de ingreso a nivel licenciatura a una empresa privada, Territorium Life, mediante un contrato de más de 101 millones de pesos: una cantidad muy superior a lo que se pagaría a los trabajadores. El pago a sus propios administrativos y manuales hubiera significado a la Universidad un monto máximo de 12 millones.
El contrato se adjudicó de manera directa, sin someterlo a licitación pública ni a un proceso de invitación a cuando menos tres personas. La adjudicación directa, justificada bajo los supuestos de exclusividad tecnológica y protección de información institucional, violó los principios de transparencia y competencia que deben regir el gasto público. Pero, además, pasó por alto los acuerdos suscritos bilateralmente con el sindicato.
Así, las autoridades de la UNAM, de manera unilateral, ignoraron la cláusula transitoria vigésimo quinta. No solicitaron al STUNAM el número de trabajadores necesarios. No respetaron el plazo de 60 días de anticipación. Simplemente decidieron que el examen se realizaría en línea, que los trabajadores no eran necesarios y que más de 100 millones de pesos estaban mejor invertidos en una empresa privada que en el personal que durante décadas había realizado del proceso.
La “modernización tecnológica” sólo sirvió de pretexto para entregar un proceso fundamental a una empresa privada, para más señas, en la que sus dueños son “emprendedores” egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el tecnócrata Tec. La UNAM no necesitaba externalizar el examen para modernizarlo. Podía haber implementado herramientas digitales con la participación de sus propios trabajadores. Pero la burocracia universitaria prefirió la ruta fácil: entregar a una empresa privada una función sustantiva de la universidad, sin consulta, sin debate y sin rendición de cuentas.
El daño económico también es cuantificable. De acuerdo con datos de la página de transparencia de la UNAM, actualizados al 1 de abril de 2026, el 74.7 por ciento de los trabajadores administrativos de base de la UNAM tienen un salario base bruto –antes de impuestos– menor a 15 mil pesos. El ingreso extra que representaba participar en el examen de admisión no era un lujo para los trabajadores: era una necesidad. Y la UNAM, al externalizar el proceso, les arrebató ese ingreso sin ofrecer alternativa alguna.
Por cierto, ¿qué hizo el STUNAM para defender a los trabajadores? Nada. El sindicato, que tiene la obligación legal y moral de velar por los intereses de sus agremiados, guardó silencio. No protestó por la violación de la cláusula transitoria vigésimo quinta. No exigió que se respetara el plazo de 60 días de anticipación. No solicitó que se convocara a los trabajadores para participar en el proceso. No presentó una queja formal ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No convocó a sus bases a movilizarse. No hizo absolutamente nada. Ya es la marca de la casa.
Desde hace lustros, el STUNAM tiene una dirección que se ha caracterizado por pactar con la patronal universitaria, en detrimento de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores que debería representar dignamente. Muy atrás quedó ese sindicato aguerrido, ejemplo de lucha y de defensa de la clase trabajadora.
No es la primera vez que el sindicato claudica ante las autoridades y prefiere la negociación por debajo de la mesa a la defensa abierta de los derechos de sus agremiados. No es la primera vez que los trabajadores se quedan sin representación real. Y el STUNAM, a fuerza de traiciones, ha perdido el prestigio entre la clase obrera.
El fraude del examen de admisión 2026 es, en efecto, un escándalo académico; pero también laboral. Es la evidencia de que la UNAM privatiza sus procesos. En lugar de resolverlos con sus recursos, los entrega a intereses privados. Y es una muestra de que el STUNAM, en su afán de mantener su cuota de poder, está dispuesto a permitirlo.
La UNAM presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto fraude relacionado con la aplicación del examen. El rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó tres auditorías –tecnológica, interna y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)– y aceptó la renuncia de la secretaria general, Patricia Dávila Aranda. Pero nada alcanza a reparar el daño causado a estudiantes, trabajadores y sociedad en general.
El sindicato, mientras tanto, sigue en silencio. Sus dirigentes siguen en sus cargos. Siguen cobrando sus sueldos. Siguen negociando con las autoridades. Siguen sin defender a los trabajadores.
El examen de admisión 2026 ha quedado invalidado por el fraude. Pero el verdadero examen es para la UNAM y para el STUNAM. Y hasta ahora, ninguno de los dos ha demostrado estar a la altura.
