POR KUKULKAN
EN CHIHUAHUA hay ciudadanos que pierden la casa, la tierra, el ganado, la escuela de sus hijos y hasta el derecho elemental de dormir sin escuchar balazos. Pero no todo está perdido: las autoridades siempre pueden ofrecerles una despensa, una cobija y una fotografía institucional para demostrar que el Estado llegó. Tarde, pero llegó. Y con boletín de prensa.
LOS CASOS de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara retratan una de esas realidades mexicanas que la burocracia administra con admirable frialdad. Entre 2023 y septiembre de 2025, organizaciones civiles documentaron, mediante solicitudes de transparencia, 83 denuncias por desplazamiento forzado ante la Fiscalía de Chihuahua y apenas dos habrían alcanzado sentencia.
LA REALIDAD es que aun con una resolución favorable, los habitantes desplazados no habrían podido sacar a los responsables, según denunciaron los organismos acompañantes en esta crisis. O sea: abandonar la comunidad porque alguien armado decidió convertirse en dueño de vidas y territorios puede ser rapidísimo. Conseguir justicia, en cambio, requiere paciencia franciscana.
TRAS RECORRER Chihuahua, la Misión Civil de Observación encontró alrededor de 200 personas desplazadas en Parral, Delicias y la capital, muchas procedentes de Guadalupe y Calvo. Organizaciones y medios han documentado que entre las víctimas predominan mujeres, niñas, niños e integrantes de pueblos indígenas.
Y ES AQUÍ cuando aparece esa vieja criatura de la política provinciana mexicana: el cacicazgo. No necesariamente aquel cacique cinematográfico con sombrero, pistola y caballo. El modelo evolucionó. Ahora puede vestir traje, tener oficina climatizada, asesores, contratos, contactos empresariales y excelentes relaciones con quien resulte conveniente.
LO ESENCIAL permanece: controlar territorio, administrar silencios y conseguir que nadie pregunte demasiado quién manda realmente. Porque en la Sierra no sólo se disputan rutas para el narcotráfico. También hay bosques, minerales, tierras y comunidades colocadas en medio de intereses criminales, políticos y económicos.
LA REGIÓN de Guadalupe y Calvo forma parte del llamado Triángulo Dorado, donde desde hace años se documentan desplazamientos asociados a violencia y disputas territoriales. En 2024 comunidades denunciaron ataques armados, amenazas y expulsiones de familias de sus viviendas. El Estado conoce perfectamente el problema. Tanto, que Chihuahua cuenta con una Comisión de Desplazamiento Forzado Interno y desde 2022 la propia Fiscalía presumía acciones para atender el fenómeno. Cuatro años después, las familias siguen llegando.
EN FEBRERO de 2026 el propio gobierno estatal informó que atendía aproximadamente a 200 personas desplazadas de Atascaderos, Guadalupe y Calvo. Y en julio volvió a reunir al gabinete para revisar la situación y anunciar alimentos, cobijas, medicamentos, ropa y otros apoyos. Todo necesario, desde luego. Pero una cobija no sustituye una casa. Una despensa no devuelve una parcela. Y un comunicado oficial no desarma al hombre que se quedó ocupando el pueblo.
AHÍ ESTÁ precisamente la dimensión más cruel del asunto. El desplazado termina convertido en refugiado dentro de su propio país mientras quienes provocaron su huida pueden conservar territorio, influencia y capacidad de intimidación. Extraña justicia: la víctima pierde hasta su domicilio; el victimario conserva código postal. Las organizaciones civiles llevan años reclamando una legislación general que defina responsabilidades de Federación, estados y municipios y establezca mecanismos de prevención, protección, reparación y retorno seguro.
LA DISCUSIÓN legislativa se ha prolongado durante años: ya en 2024 se advertía en el Senado que una minuta sobre la materia llevaba cuatro años pendiente. Mientras los legisladores encuentran algún hueco entre reformas urgentes, pleitos partidistas y ceremonias de patriotismo instantáneo, en la Sierra la ley verdaderamente vigente suele ser bastante más sencilla: manda quien tiene hombres armados, dinero y suficientes complicidades.
ESE ES el caciquismo moderno. No necesita abolir las instituciones. Le basta con volverlas lentas, selectivas o decorativas. Por eso Chihuahua no enfrenta únicamente un problema de seguridad pública. En algunas regiones enfrenta algo todavía más grave: la disputa sobre quién ejerce realmente el poder territorial. Y cuando una familia tiene que huir, denunciar y esconderse mientras quien la expulsó permanece tranquilamente en la zona, la pregunta ya no es dónde está el Estado. La pregunta venenosa es peor: ¿de qué lado está?
