Leona Vicario arriesgó la libertad por sacar información de donde el poder no quería que saliera. Esta semana esa información salió de dos expedientes ambientales que cualquier persona puede consultar, pero que casi nadie se toma el tiempo de leer completos. Nosotras sí los leímos. Los dos, de principio a fin, 357 páginas entre ambos. Y lo que encontramos no es sólo un problema de papeles: es la historia de dos ciudades reaccionando de maneras opuestas a la misma amenaza.
En Cozumel, el municipio se está plantando. El titular de Desarrollo Urbano, Diego Roberto Lope Mena, confirmó que el Ayuntamiento no le va a dar el visto bueno al “Club de Playa Cozumel Opportunity” —promovido por Opportunity Knocks de México S.A. de C.V.—: ya hicieron una inspección técnica en el sitio y la van a usar para sustentar la negativa. Grupos ambientalistas de la isla, además, alertaron que el proyecto pone en riesgo directo a los arrecifes Paraíso y Paraíso Somero. La empresa, hasta ahora, ni siquiera se ha acercado a tramitar sus permisos municipales. Cozumel está resistiendo.
En Playa del Carmen, no. Ahí fue el propio Cabildo el que, el 31 de marzo de 2025, aprobó el cambio de uso de suelo que le abrió la puerta a ZONNA —comercializado por Inversiones Capital (INCAP), con una inversión que la desarrolladora presumió en 2,895 millones de pesos— para construir un hotel y siete torres de departamentos justo donde hoy está Playa Mamitas. El Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya ya había advertido desde marzo que la Avenida 10 y la Quinta, únicas vías de salida, no van a soportar la densidad. Nadie del gobierno municipal ha dicho, como en Cozumel, que le va a negar nada.
Y mientras tanto, ZONNA ya se vende. Ahora mismo, en al menos cinco portales inmobiliarios, con firma del despacho Sordo Madaleno y precios que van de 9.5 a 67.5 millones de pesos por unidad, con enganches ya corriendo. En febrero de este año, el director de Normatividad del Ayuntamiento, Orlando García, declaró públicamente que en Playa Mamitas no existe ninguna solicitud de permiso de obra en trámite ni permiso alguno expedido. Están cobrando anticipos de hasta 67 millones de pesos por departamentos en un proyecto que no tiene permiso municipal de construcción, y cuya Manifestación de Impacto Ambiental —la que decide si el proyecto puede existir siquiera— sigue en consulta pública, contradiciéndose a sí misma sobre si hay o no manglar en el predio. No decimos que esto sea un fraude: eso lo determina un juez. Lo que sí podemos decir es que es exactamente el patrón que ha antecedido a los fraudes inmobiliarios más grandes de Quintana Roo. En Marea, Puerto Cancún, de 120 departamentos vendidos sólo entregaron 20, sin servicios, y los compradores llevan más de cuatro años esperando. En Árvore, más de 40 personas pagaron departamentos que, según denuncian, no tenían avances de construcción al momento de firmar. Y la propia Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios identifica como uno de los esquemas más comunes en la zona justamente éste: vender con renders y maquetas antes de tener permisos. Si la Semarnat termina negando o modificando sustancialmente el estudio de ZONNA, el que se queda sosteniendo el riesgo no es la desarrolladora. Es quien ya puso el enganche.
Y mientras tanto, en las calles de Playa del Carmen, casi nadie está hablando de esto. No porque no les importe: porque están sobreviviendo. Los mismos hoteleros y restauranteros que vieron caer su ocupación por debajo del 60% esta temporada, con uno de cada seis hoteles pequeños cerrado y despidos en marcha por culpa del sargazo, no tienen espacio mental para leer 219 páginas de un estudio ambiental. Están viendo cómo pagan la nómina de la próxima quincena. Esa es exactamente la ventana que un proyecto como ZONNA necesita para pasar sin ruido: una ciudad demasiado ocupada sobreviviendo para fiscalizar.
Y hay motivo real para fiscalizar. En la página 21 del estudio, el propio documento dice: “aun cuando en el predio del proyecto no existe manglar, en su sistema ambiental sí se distribuye”. Pero en más de sesenta pasajes distintos del mismo estudio se afirma lo contrario: que el manglar ocupa el 13.76% del predio, con fotografías y especies identificadas una por una. Y ni siquiera es un error con un desconocido: el capítulo que trae mal el nombre del proyecto —“Naomi Beach”— pertenece a otro desarrollo del mismo portafolio de INCAP. No copiaron el estudio de alguien más. Copiaron el suyo.
La consulta de Cozumel ya cerró, y el municipio está listo para pelear el resolutivo. La de ZONNA sigue abierta hasta el 1 de septiembre. La diferencia entre las dos ciudades no es el tamaño del daño ambiental —los dos proyectos lo tienen—. Es quién todavía tiene la energía para leer el expediente antes de que sea tarde.
La filósofa Simone Weil lo dijo mejor que nosotras: “la atención es la forma más rara y pura de generosidad”. En Quintana Roo, esa generosidad se reparte muy desigual: le sobra a quien redacta el estudio con tiempo de pulirlo a su favor, y le falta a quien apenas tiene aliento para llegar a fin de quincena”.
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
