- Con 355 registros activos y la movilización de colectivos de familias, el fenómeno de la desaparición de personas cuestiona la narrativa de Yucatán como ‘el estado más seguro del país’.
MAR Y SOL CHABLÉ
MÉRIDA, YUC.- Durante años, Yucatán ha proyectado hacia el exterior una imagen de serenidad, como un refugio al margen de la violencia que afecta a gran parte del país.
Sin embargo, en las calles de Mérida y en municipios del interior del estado, una realidad distinta y dolorosa ha comenzado a cobrar visibilidad: la desaparición de personas.
De acuerdo con el acompañamiento y la documentación ciudadana realizados por el colectivo “Más Fuertes que Nunca”, al menos 355 personas permanecen desaparecidas en la entidad con denuncia formal.
Lo que antes podía considerarse una anomalía aislada o incluso atribuirse a “ausencias voluntarias”, hoy es señalado como una problemática que moviliza a decenas de familias.
El descontento y la angustia han llegado al espacio público. Integrantes del colectivo “Más Fuertes que Nunca” y personas independientes han salido a manifestarse en el centro de la capital yucateca para exigir la pronta localización de sus seres queridos y denunciar la proliferación de engaños mediante falsas ofertas de trabajo.
Representantes del colectivo señalan que detrás de la cifra existe un patrón preocupante. Por ello, demandan a las autoridades estatales dejar de lado las posturas triunfalistas e implementar estrategias inmediatas de contención, protocolos eficaces de búsqueda durante las primeras horas y mecanismos de investigación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
Ante el avance del fenómeno, la respuesta del Estado mexicano en Yucatán se articula mediante instancias específicas, creadas por mandato legal para atender la búsqueda y la investigación de personas desaparecidas.
Entre ellas se encuentra la Comisión de Búsqueda del Estado de Yucatán (CLBU), órgano del Ejecutivo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda en el territorio estatal, conforme a la legislación vigente. Su función prioritaria es desarrollar labores de búsqueda en campo y coordinar acciones interinstitucionales en tiempo real.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) cuenta con la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Esta instancia concentra las carpetas de investigación penal, coordina la activación de mecanismos de emergencia, como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, y gestiona la interoperabilidad con las bases de datos forenses y el registro de la FGE.
En el Poder Legislativo, la atención de esta problemática no corresponde a un comité único de búsqueda, sino a la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública y a la Comisión de Derechos Humanos.
Ambas instancias tienen facultades para discutir reformas al Código Penal local, revisar los presupuestos destinados a la búsqueda de personas y fiscalizar el desempeño de las instituciones estatales.
Aunque las instancias formales existen dentro del organigrama estatal, colectivos y familiares coinciden en que el verdadero reto se encuentra en la capacidad operativa, presupuestal y de respuesta rápida de las dependencias.
La burocracia en el inicio de las indagatorias y la falta de personal especializado en labores de rastreo figuran entre las principales trabas que, de acuerdo con quienes buscan a un familiar, dificultan las labores de localización.
Mientras las cifras oficiales y las demandas de la sociedad civil contrastan, las familias de las 355 personas desaparecidas mantienen las pancartas en alto.
Para Yucatán, reconocer y enfrentar esta problemática ya no representa únicamente una exigencia legal, sino también una prueba sobre la capacidad de respuesta de sus instituciones de seguridad y justicia, sostiene la organización civil “Más Fuertes que Nunca”.
