- Líderes demócratas en la Cámara de Representantes diseñan una estrategia de investigación exhaustiva que podría derivar en un tercer juicio político contra el presidente Donald Trump.
STAFF LUCES / AR
WASHINGTON D.C., EU.- Líderes demócratas en la Cámara de Representantes diseñan una estrategia de investigación exhaustiva que podría derivar en un tercer juicio político contra el presidente Donald Trump.
Ante la posibilidad de recuperar la mayoría en noviembre próximo, el partido busca evitar un “impeachment” (proceso de juicio político) apresurado; enfocándose primero en construir un “cuerpo de evidencia” concreta, mediante citaciones a empresas privadas vinculadas al entorno del mandatario.
La táctica prioriza investigar a gigantes empresariales como Apple, Alphabet, Tesla, Blackstone y BlackRock, así como a la firma 1789 Capital; esta última donde participa Donald Trump Jr., hijo del presidente.
También se indagan acuerdos con fondos de Qatar, Arabia Saudita y entidades vinculadas al emirato de Abu Dabi.
Según legisladores como Robert García y Jamie Raskin, el objetivo es expandir las pesquisas sobre contratos del Pentágono y presuntos esquemas de tráfico de influencias.
Los antecedentes de Trump
Donald Trump ya fue sometido a dos juicios políticos. El primero fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre de 2019, por acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso, relacionadas con presiones a Ucrania para investigar a Joe Biden. El Senado lo absolvió en febrero de 2020. El segundo fue aprobado en enero de 2021, después del asalto al Capitolio, bajo el cargo de incitación a la insurrección; nuevamente fue absuelto por el Senado.
En el terreno penal, Trump fue declarado culpable en mayo de 2024 de 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales en Nueva York, por el caso del pago a Stormy Daniels durante la campaña de 2016. En enero de 2025 recibió una sentencia de descarga incondicional, por lo que la condena quedó registrada, pero sin cárcel, multa ni libertad condicional. En agosto de 2026, un juez federal rechazó otro intento de Trump por anular esa condena.
Trump enfrentó dos procesos federales impulsados por el fiscal especial Jack Smith: uno por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y otro por sus presuntos intentos de revertir el resultado electoral de 2020.
El caso de documentos clasificados fue desestimado en 2024 por una jueza federal en Florida, mientras que el caso por interferencia electoral quedó sin avanzar tras su regreso a la presidencia; en medio de los criterios del Departamento de Justicia sobre no procesar penalmente a un presidente en funciones.
En materia civil, Trump también ha recibido varios fallos adversos. En el caso de la escritora E. Jean Carroll, fue declarado responsable de abuso sexual y difamación, con indemnizaciones millonarias. En 2026, tras derrotas en apelaciones, se ordenó el pago de más de cinco millones de dólares correspondientes a una de esas sentencias.
Con ese historial político, los demócratas buscan ahora una ruta más gradual: acumular documentos, testimonios y registros financieros, antes de plantear un nuevo juicio político. La apuesta es que cualquier eventual acusación contra Trump se sostenga no sólo en señalamientos políticos, sino en evidencia sobre posibles beneficios privados, contratos públicos, tráfico de influencias o conflictos de interés vinculados al poder presidencial.
