- La advertencia de la gobernadora Rocío Nahle García contra el cobro obligatorio de cuotas en escuelas públicas ya derivó en las primeras investigaciones dentro del sistema de Educación Media Superior de Veracruz.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La advertencia de la gobernadora Rocío Nahle García contra el cobro obligatorio de cuotas en escuelas públicas ya derivó en las primeras investigaciones dentro del sistema de Educación Media Superior de Veracruz.
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) abrió procedimientos administrativos contra dos bachilleratos de Xalapa, luego de que madres y padres de familia denunciaran presuntos cobros indebidos.
En particular, que el ingreso de estudiantes habría sido condicionado al pago de una cuota.
Los planteles señalados son la Escuela de Bachilleres Constitución de 1917 y la Escuela de Bachilleres Unidad y Trabajo.
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El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV, David Agustín Jiménez Rojas, informó que personal de la dependencia acudió a ambas instituciones para revisar las denuncias, realizar trabajos de auditoría y levantar las actas administrativas correspondientes.
Los documentos serán turnados al Órgano Interno de Control (OIC) de la SEV, instancia que deberá determinar si existen responsabilidades administrativas y, en su caso, establecer las sanciones que correspondan.
El funcionario fue enfático en que las llamadas aportaciones voluntarias no pueden convertirse en un requisito obligatorio para que un estudiante pueda inscribirse, ingresar o permanecer en un plantel público.
La postura de la dependencia coincide con la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle, quien ha colocado la gratuidad educativa como uno de los temas prioritarios de su administración.
El problema surgió precisamente cuando las aportaciones dejaron de tener el carácter voluntario y, de acuerdo con las denuncias recibidas, fueron utilizadas como condición para permitir el ingreso de los estudiantes.
El procedimiento no implica todavía una responsabilidad definitiva para los planteles o sus trabajadores. Primero deberá concluir la investigación del Órgano Interno de Control y establecerse si las conductas denunciadas efectivamente ocurrieron y quiénes serían responsables.
El subsecretario señaló que sí podría haber sanciones administrativas, pero éstas dependerán de la falta que eventualmente sea acreditada y del grado de responsabilidad de cada involucrado.
De esta manera, el caso de los dos bachilleratos de Xalapa se convierte en la primera prueba concreta de la política anunciada por Nahle para eliminar los cobros que condicionen el acceso a la educación pública.
La decisión gubernamental abre, sin embargo, un debate que va más allá de los dos casos detectados en Xalapa.
Durante años, las aportaciones de madres y padres de familia han sido utilizadas en numerosos planteles para cubrir necesidades como mantenimiento, limpieza, reparaciones, mobiliario y otros gastos que las escuelas consideran indispensables para funcionar.
La prohibición de los cobros obligatorios busca evitar que la falta de recursos termine trasladándose directamente a las familias, pero también plantea el reto de garantizar que los planteles dispongan de dinero suficiente para atender sus necesidades.
La propia SEV ha insistido en que la gratuidad debe respetarse y que ninguna aportación económica puede convertirse en una condición para recibir el servicio educativo.
El gobierno estatal, por tanto, tendrá que demostrar que la política puede sostenerse no sólo mediante la vigilancia y las sanciones, sino también con recursos suficientes para que las escuelas puedan operar sin depender de cobros obligatorios.
