Cualquiera de nosotros ha estado ahí: en vacaciones, con ganas de vivir algo distinto, firmando un formulario que nadie lee completo antes de subirse a una moto acuática, un catamarán o un buggy. Confiamos en que alguien, en algún lado, ya revisó que esto fuera seguro.
Una semana después de la muerte de Francisco Enrique Huerta Martínez sabemos que esa confianza no tenía fundamento: alguien sí revisó el permiso. Y lo negó. Salieron de todas formas.
Los hechos, en lo esencial: un recorrido de 80 personas en 40 motos acuáticas zarpó el domingo 6 de septiembre entre Cozumel y Playa del Carmen. Documentos de la Capitanía de Puerto revelan que la organizadora había solicitado autorización para sólo 30 unidades. Diez más de las permitidas salieron al mar de todas formas. Un video grabado minutos antes de la tragedia muestra a las 40 motos circulando dentro de zona arrecifal, con mal tiempo ya encima. A media travesía cayó un chubasco. Cuando el grupo hizo el conteo final, faltaban dos: Francisco Enrique, turista de 51 años, y su guía, Eduardo Ceseña, de 28.
Aquí está el detalle que debería quedarse con nosotros más que cualquier cifra: Eduardo mismo relató después que intentó ayudar a Francisco “incluso arrastrándolo hacia la orilla”, pero no logró mantenerlo a flote. Eduardo sobrevivió tres días, deshidratado, hasta que una embarcación civil lo encontró. A Francisco lo halló la corriente días después, cerca de Holbox, a casi cien kilómetros de donde se perdió el contacto.
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Que el profesional entrenado resistiera y el cliente que pagó por la experiencia no lo lograra, no es una ironía cruel del destino. Es lo que ocurre cuando un sistema diseñado para prevenir justamente esto falla en cada uno de sus filtros: en el permiso que se ignoró, en el conteo que no existió hasta que ya era tarde, en la decisión de zarpar con el mal tiempo encima.
La ley, además, ya contempla este escenario. La Norma Oficial Mexicana NOM-011-TUR-2001 obliga a los operadores de turismo de aventura a cumplir requisitos mínimos de seguridad, información y operación. La NOM-07-TUR-2002 exige que todo prestador de servicios turísticos tenga un seguro de responsabilidad civil vigente para proteger a quienes contratan sus servicios. No hace falta redactar una ley nueva. Hace falta que alguien verifique, antes de que zarpe una sola moto, que la que ya existe se cumpla —y que la autoridad competente explique por qué un permiso negado no impidió que la excursión saliera de todos modos.
Ni la empresa señalada como operadora del recorrido ni la Capitanía de Puerto ni ninguna otra autoridad han emitido un comunicado que explique por qué diez motos de más zarparon con un permiso que ya las excluía, o si eso va a tener alguna consecuencia. Ese silencio, sostenido durante una semana entera, es ya una respuesta en sí misma.
La próxima vez que alguien firme ese formulario que nadie lee antes de subirse a una excursión, vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿el papel que uno firma lo protege a uno, o protege a quien se lo puso enfrente?
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
