Auguran cancelación de contrato a Aguakan

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Auguran cancelación de contrato a Aguakan
  • Los días están contados para la concesionaria Aguakan si como se tiene previsto el electorado sale a votar por la cancelación del mal servicio el próximo 6 de junio.
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los días están contados para la concesionaria Aguakan si como se tiene previsto el próximo seis de junio el electorado sale a votar masivamente por la cancelación del mal servicio de distribución de agua potable y alcantarillado que, a precio caro, ofrece a la población de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad.

“Será un ejercicio democrático sin precedentes para dotar a la ciudadanía del poder legal de frenar en definitiva los abusos de la empresa: cobros elevados, incumplimiento tanto en la instalación de infraestructura como en la calidad del servicio, así como la grave contaminación al medio ambiente que resulta de verter las aguas negras directamente al manto freático”, denuncian los diputados Erika Castillo y Édgar Gazca.

Promotores de la consulta popular —junto con la senadora con licencia Marybel Villegas—, los legisladores locales confían en que habrá la participación ciudadana suficiente para revocarle la concesión pues se requiere como mínimo que el 35 por ciento de lista nominal salga a votar en ese sentido la próxima contienda electoral en la que paralelamente habrán de elegirse a presidentes municipales y diputados federales.  

“No sólo es ir por las exorbitantes tarifas del servicio de agua potable, de hasta doce mil pesos mensuales en colonias populares, y la grave contaminación de acuíferos provocada por la carencia de infraestructura adecuada, sino en dar un giro de 180 grados en el regreso hacia administraciones responsables de la mano de los ciudadanos para evitar la privatización de los servicios públicos. Es urgente lograrlo”, subrayó Gasca.

“Todo han privatizado por los moches que seguramente reciben de las empresas agiotistas, usureras e irresponsables como ocurrió con la que levantaba la basura en Cancún pero que llegó otra peor; necesitamos regresar a gobiernos que se hagan cargo y ofrezcan excelentes servicios públicos desde la administración y que ahora el servicio de agua potable sea proporcionado por el gobierno, como ocurre en Chetumal”, completó la diputada Castillo.

Y acusaron que ante la oportunidad histórica de los ciudadanos para revocar mediante su voto la concesión de agua potable, la usurera Aguakan se ha dedicado a difamarlos culpando al Congreso del Estado de aprobar aumentos en los cobros de agua cuando las tarifas no se han tocado, ni por equivocación, desde 2011. 

Además, denunciaron, Aguakan y sus huestes han emprendido una agresiva campaña para fomentar el abstencionismo el próximo seis de junio.

“Desde aquí le decimos a Aguakan que seguiremos trabajando por el bien de los quintanarroenses y para que este seis de junio salgan copiosamente a revocar el permiso de esta empresa agiotista e irresponsable, violadora de los derechos humanos de los habitantes”, retaron.

El diputado Gasca añadió que de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la contaminante Aguakan obtuvo más de dos mil millones de pesos de utilidades durante 2020 de los cuales sólo tiene contemplada invertir el 50 por ciento de esa cantidad (cuando debería ser el total) en obras de infraestructura en instalaciones para el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental durante 2021.

Es importante resaltar, explicó, que uno de los acuerdos establecidos en el contrato autorizado en 2014, fue que la empresa invertiría al menos 50 por ciento del monto de recaudación por concepto del cobro de sus servicios para obras de infraestructura, drenaje y saneamiento, pero no ha cumplido, “lo que es causal para revocar la concesión y ante esta falta de cumplimiento el Estado no estaría obligado a la indemnización como pretende la concesionaria desde ahora que saben que el próximo seis de junio se irán para siempre”.

Aguakan opera en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres desde 1994 —con vigencia de 30 años a vencer en 2024— y a partir de 2014 en Puerto Morelos y Solidaridad. Durante todo este tiempo ha ofrecido un servicio deficiente que ha sido consentido tanto por autoridades estatales como municipales.

La oportunidad de poner fin a esta relación aviesa se dio a partir de las reformas aprobadas en materia de consultas públicas que abrió el camino para la implementación de estos mecanismos, comentó Castillo. 

Bajo esa lógica, la diputada advirtió que una de las propuestas de aquí en adelante será que se proceda como delito, con todas las de la ley y con modificaciones precisas a nuestra Constitución, cuando se contraten servicios particulares por parte de los gobiernos estatales, municipales y federal. 

“No podemos permitir que los gobiernos actúen como empresas particulares; este seis de junio daremos un enorme paso para lograr mejores administraciones y una democracia justa para todos. Nadie está por encima del mandato del pueblo”, enfatizó.

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