- La crisis económica y el desempleo provocado por el Covid-19, obliga a Quintana Roo a contar con un seguro de desempleo.
RUBÉN TORRES
CANCÚN. Q. ROO.- La crisis económica y el desempleo provocado por el Covid-19 desde hace un año, obliga a Quintana Roo a contar con un seguro de desempleo porque no sólo es la pandemia, sino los desastres naturales a los que está expuesto cada año, y de no atenderse se puede mermar la paz pública con el aumento de la incidencia delictiva.
Este planteamiento del jurista y catedrático universitario Erick Martínez Pérez se presentó vía iniciativa de Ley Ciudadana y será analizada en la XVI Legislatura, después que fuera aprobado el dictamen en Comisiones como “Ley del Seguro por Desempleo para el Estado de Quintana Roo”.
En la exposición de motivos indica que la pandemia del coronavirus ha lesionado la principal actividad económica preponderante del estado: el turismo nacional e internacional, afectando la captación de divisas que son el detonante de inversión y desarrollo, dado que su personal fue severamente dañado por los cierres.
Sin embargo, los riesgos latentes por desastres naturales como huracanes o lluvias excesivas causan daños materiales en bienes y negocios, no sólo cierres de hoteles, restaurantes o centros de diversión, lo que afecta a la población en general local, así como los visitantes nacionales y extranjeros.
“Como se observa se ha agravado por el Covid-19, y no solo provoco la merma y el desarrollo estatal sino de igual forma el nacional”, indicó Martínez Pérez.
Esto se repetirá en caso de no estar prevenidos, como sorprendió la crisis sanitaria y económica, y puede “generar un aumento en la comisión de delitos y la posibilidad de protestas y marchas en exigencia de oportunidades que mermen la paz pública y, aún más, el desarrollo económico, pudiendo provocar una inflación descontrolada”.
El ciudadano quintanarroense agregó que la desestabilización económica puede perjudicar en la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político no sólo en Quintana Roo, sino en el país y sus habitantes”.
“Y en un escenario extremo y crítico, también mermar la soberanía económica estatal, la independencia nacional y la defensa del territorio, situación que compromete la seguridad nacional por la falta del fortalecimiento de la economía local, las finanzas públicas y a la Federación por falta de consumo interno y estabilidad financiera de los trabajadores”.
En lo jurídico, plantea que el numeral 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo” y el artículo 25 constitucional, señala como “un pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales la seguridad social”.
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