- El factor Gobierno Abierto es el único donde Quintana Roo presenta buenos resultados, pues se ubica en el octavo lugar de todo el país.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO. – Quintana Roo ocupa el lugar 30 entre las 32 entidades federativas en cumplimiento del estado de derecho. Con ello, la entidad aparece en los últimos lugares en “igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible, democracia efectiva y paz”, según el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Proyect.
La organización con sede en Washington, DC, Estados Unidos, y oficinas en México y Singapur, detalla que las 10 últimas entidades federativas de la República Mexicana en respeto al estado de derecho son: Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero.
En contraste, los 10 que se acercan al cumplimiento pleno del estado de derecho son: Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Baja California Sur y Coahuila.
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El estudio del World Justice Project identifica “ocho factores que enmarcan el concepto de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal”.
Con respecto del factor Límites al Poder Gubernamental, Quintana Roo ocupa el último lugar de toda la República, es decir, el 32. En el de Ausencia de Corrupción, se encuentra en el lugar 29, mismo espacio que en el de Derechos Fundamentales y en el de Orden y Seguridad.
Mientras, en el de Cumplimiento Regulatorio se ubica en lugar 28; Justicia Penal en el 26, y Justicia Civil, en el 25.
El factor Gobierno Abierto es el único donde presenta buenos resultados, pues se ubica en el octavo lugar de todo el país.
Al detalle, el estudio señala que en Quintana Roo se pudo observar que no hay organismos de control que realmente sirvan de contrapeso al poder Ejecutivo local y a los partidos en general. Asimismo, que la corrupción está normalizada en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
También acreditó que en la entidad no se cumplen mayoritariamente los derechos laborales; la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es superior a la del resto de la República; no se cumple el debido proceso en procedimientos administrativos; generalmente no hay investigaciones penales eficaces ni procuración e impartición de justicia eficiente, y las personas no conocen sus derechos.
El estudio señala que el “Estado de Derecho es una precondición para el desarrollo en México. Sin políticas públicas orientadas a su fortalecimiento, será más difícil que logremos vivir en comunidades de igualdad, oportunidades y paz en el futuro”.
Advierte que los resultados de la edición 2021-2022 del Índice “muestran un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país”. Agrega que “cualquier acción efectiva para fortalecer el Estado de Derecho en el país debe partir de un entendimiento compartido sobre la situación y de una colaboración entre las partes involucradas: autoridades, ciudadanía, sociedad civil, academia e iniciativa privada”.
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