- Autoridad estatal de Nuevo León no recibió dos reformas aprobadas por el Pleno porque andaban en su hora de comida.
MIRIAM GARCÍA / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Personal del Congreso local acudió ayer a la Consejería Jurídica del Estado a entregar dos reformas aprobadas por el Pleno el miércoles, pero la autoridad estatal no recibió los documentos con el argumento de que los encargados ¡andaban en su hora de comida!
Uno de los decretos llevados para su publicación corresponde a la ratificación de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado que establece que el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) será avalado por el Congreso.
Esa reforma había sido vetada por el Gobernador Samuel García, pero a su vez el Legislativo ratificó la modificación aprobada, por lo que el Ejecutivo está obligado a publicarla.
El otro decreto corresponde a una reforma a la Ley de Administración Financiera para que el Gobernador no pueda manejar libremente los excedentes que reciba el Estado y deba obtener la autorización del Legislativo para su uso.
“Fue gente del Congreso a la Consejería Jurídica”, relató una fuente, “a entregar los decretos para su publicación, que es a donde ellos nos pidieron desde hace meses entregar ese tipo de documentación, y salió un empleado y dijo que no podían recibir nada que porque el personal estaba en su hora de comida.
“Luego se fueron a la Torre para tratar de entregar en el Periódico Oficial y no quisieron que porque no traía los sellos de la Consejería, y se regresaron ahí, a Palacio, y ya casi eran las 4 de la tarde y todavía no había personal, que seguían comiendo, cuando ellos mismos dicen que el horario es corrido”.
Fuentes legislativas dijeron que tampoco se recibió un oficio pidiendo la comparecencia del Secretario de Medio Ambiente, aunque éste ya aceptó acudir.
Diputados del PAN, PRI y sin partido, acudirán al Palacio de Gobierno a exigir la recepción de los decretos.
Los hechos se registran justo cuando el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, enfrenta una denuncia penal acusado de abuso de autoridad al retener la publicación de más de 56 decretos del Legislativo.
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