- En la CDMX, vecinos y grupos políticos de distintas demarcaciones han comenzado con el proceso que busca revocar el mandato a sus alcaldes.
EDUARDO CEDILLO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad de México, vecinos y grupos políticos de distintas demarcaciones han comenzado con el proceso que busca revocar el mandato a sus alcaldes; sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México no cuenta con lineamientos definidos para este proceso.
“Nosotros estamos muy enfocados en hacer un gasto eficiente de los recursos que se nos otorgan, pero están surgiendo este tipo de ejercicios que no se presupuestaron. No se presupuestaron porque no lo vimos de manera inmediata”, dijo la Consejera Presidenta, Patricia Avendaño.
Tras enfrentamientos por obras hidráulicas en diciembre de 2022 en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, vecinos comenzaron a buscar la revocación del mandato del Alcalde José Carlos Acosta. Esta propuesta marcó la ruta en otras demarcaciones que se han acercado al Instituto para solicitar información, sobre todo contra alcaldes de Oposición.
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“Esta es una figura que ya se ha incorporado dentro de nuestra legislación. Para el caso de la Ciudad de México está considerada dentro de la Ley de Participación Ciudadana y se ubica como un mecanismo de democracia directa”, dijo la consejera.
La revocación de mandato fue avalada por el Congreso Local en 2019 y publicada a nivel federal el 14 de septiembre del 2021. Entre los principales requisitos para que este proceso sea vinculante se encuentra reunir el 10 por ciento de firmas del total de la lista nominal de la demarcación.
AÚN SIN REGLAS
Además del xochimilca, hasta ahora en Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztacalco han iniciado procesos. Los interesados necesitan entre 36 y 32 mil firmas para echar andar el mecanismo en cada demarcación. Además de no tener presupuesto, el Instituto no cuenta siquiera con lineamientos al respecto.
“Estamos trabajando sobre los lineamientos muy detallados en cuanto a fechas, plazos, costos, procedimientos, sistemas que vamos a establecer, cuántas casillas, cuántas personas, quiénes van a ser los funcionarios, qué tipo de papeleta, de qué papel se va a mandar a imprimir, si utilizamos o no líquido indeleble, en fin, todo, todo, es un proceso de lineamientos muy detallado porque involucra también todo este ejercicio”, resaltó.
Asimismo, el Instituto Electoral capitalino no cuenta actualmente con un formato definido para la recaudación de firmas ciudadanas, por lo que se buscaría el diálogo con el INE para emplear su formato para candidaturas independientes.
“Se está en pláticas con el INE para crear un anexo técnico a nuestro convenio que nos permita usar este sistema a nuestro convenio, que ya existe, que ya está aprobado y que permita hacer una verificación más rápida de los ciudadanos”, explicó Avendaño.
PLAZO EXISTENTE
Mientras tanto, vecinos ya se encuentran recaudando firmas, pues tienen el tiempo encima, pues los procesos tendrían que arrancar a partir del 1 de abril, cuando se cumple la mitad de los mandatos.
“Lo que sí es cierto es que antes de que concluya abril tendremos que recibir las solicitudes de los ciudadanos con las firmas para proceder y poder echar a andar toda la mecánica porque los tiempos están muy acotados y porque no todo depende de nosotros”, detalló la consejera.
Tras recibir las listas de firmas, el IECM las remitirá al INE para que se corroboren los datos, pues es el único que tiene poder de la lista nominal, proceso que tomaría entre una y dos semanas.
“Si no se reúnen ahí acaba el proceso, pero si sí se reúnen, el Instituto tiene que detonar una convocatoria para definir ubicación de casillas, capacitar ciudadanos, instalar mesas, mandar a imprimir la documentación necesaria”, expresó la consejera.
Además, la consulta tendría que iniciar antes de noviembre, cuando arranca el proceso electoral. Con ambas fechas como límite, la recolección de firmas, la preparación y la consulta misma tendrían siete meses para ejecutarse.
A esto se suma que este año el IECM se encuentra realizando procesos de participación ciudadana, mismos que consumen la mayoría de sus recursos, pues antes de noviembre se debe tener resuelta la elección de los Comités de Participación Comunitaria y dos de presupuesto participativo, para el año 2023 y 2023.
“Como se prevé en la ley, tenemos que accionar, casi de manera paralela todos estos trabajos que sí se prevé que no se empalmen con proceso electoral, pero no hay una previsión de que no se empalmen con los ejercicios participativos”, agregó Avendaño.
MÁS COMPLICACIONES
A la par, el Instituto comenzó con el proceso de adecuación de la nueva reforma electoral, pues esta impone un nuevo reto de transformación en el Instituto por la eliminación de las estructuras distritales permanentes, mismas que afectarían directamente a procesos de participación ciudadana.
Por ello, han buscado diálogo con el Congreso de la Ciudad para armonizar la ley federal con la local, ya que cuentan con sólo 90 días después de aprobada la propuesta y 90 antes del proceso electoral para adecuar la legislación.
La dinámica del instituto está dividida en varias pistas que corren al mismo tiempo contra reloj, lo que complica la viabilidad de poder realizar todos los procesos, pues los ciudadanos deben apurar la entrega de firmas.
“Si hay un mandato de ley sí o sí lo tenemos que cumplir. En cuanto a los plazos, si nosotros no estuviéramos desarrollando nuestros presupuestos participativos estaríamos totalmente seguros y ciertos de que esto es factible, el temas es que se ve muy apretado el ejercicio para los ciudadanos”
Se necesita el 10 por ciento de los electores de una demarcación para echar andar al proceso y, para que sea vinculante, se necesita que el 40 por ciento de la lista nominal participe en la votación.
De estos, se necesita que el 60 por ciento esté de acuerdo en revocar el mandato para que se pueda llevar a cabo.
“Creo que los número son bien altos, el reto ciudadano es enorme y creo que hay razones de peso para que los legisladores hayan tomado esas terminaciones y lo entiendo, lo entiendo porque sería ridículo que con un número mínimo de personas que participaron se pueda revocarle el mandato a de una autoridad que fue electa mediante un proceso como los que dan origen a estas personas como autoridades”, puntualizó la consejera.
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