- La justicia militar no podrá hacer espionaje o cateos en sus indagatorias del fuero castrense luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ayer 8 artículos del Código Militar.
ALEJANDRO ÁLVAREZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia militar no podrá hacer espionaje o cateos en sus indagatorias del fuero castrense luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer 8 artículos del Código Militar de Procedimientos Penales y del Código de Justicia Militar que le daban esas facultades de intervención.
Al resolver impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra reformas a esos códigos, la SCJN anuló disposiciones que dejaban abierta la posibilidad de afectar a civiles en intervenciones de comunicaciones privadas y cateos a domicilios particulares.
Unos de los artículos suprimidos facultaba al Fiscal Militar a solicitar la localización geográfica en tiempo real de teléfonos relacionados con investigaciones.
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Su anulación se determinó por considerar que era omiso en precisar materia y personas sobre las que podría ejercer esa facultad, y podía aplicarse a equipos de personas ajenas al ámbito castrense.
Ahora, en investigaciones por delitos del fuero militar, ya no podrá solicitarse a un juez ni ordenar directamente la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles ni tampoco podrán pedir la entrega de datos a las empresas de telecomunicaciones.
La Corte también invalidó la atribución de los fiscales militares para solicitar órdenes de cateo a domicilios particulares o a instalaciones civiles de los tres niveles de Gobierno durante la investigación de delitos del fuero militar.
“Puede tener como consecuencia el uso arbitrario, no sólo respecto de personal militar bajo investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, explicó el proyecto del Ministro Luis María Aguilar.
En marzo pasado, la SCJN ya había anulado la facultad militar de ordenar inspección de vehículos sin autorización judicial y la atribución de jueces castrenses para llevar a declarar a testigos con uso de la fuerza pública.
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