- Autoridades de Suiza detectaron que desde la Ciudad de México un sujeto compartió miles de videos con fotografías y videos de pornografía infantil.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de Suiza detectaron que desde la Ciudad de México un sujeto compartió miles de videos con fotografías y videos de pornografía infantil, a través de la plataforma para transferir documentos “GigaTribe”.
La investigación refiere que entre el 22 de enero de 2017 y el 11 de septiembre de 2019, bajo el seudónimo “Lokyloky5-1”, Enrique Malváez Sandoval compartió al menos 24 archivos relacionados con pornografía infantil a distintos usuarios, entre ellos a un suizo con el alias “Perv_sau”.
De acuerdo con documentos judiciales, el intercambio de este material fue detectado por la Oficina del Fiscal General del Cantón de Turgovia, Suiza, y el 30 de enero de 2017 la Interpol reportó y envió a México los archivos, así como información del implicado.
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Para el 31 de octubre de 2019, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada cateó una casa de la Colonia San Francisco Taltenco, en la Alcaldía Tláhuac, domicilio del sujeto que aparentemente traficaba el contenido ilegal.
En el domicilio de la CDMX, la Fiscalía aseguró un disco duro que almacenaba 6 mil 287 archivos de imagen y 385 de video con material explícito de menores de edad.
Según la dependencia, del total de imágenes encontradas, 5 mil 4 exhibían el cuerpo de los menores con “un fin sexual real” y otras mil 823 contenían actos sexuales.
En el caso de los videos, 282 eran de actos sexuales y 95 de exhibicionismo.
Gracias al aviso de la Oficina Central Nacional de la Interpol en la capital Suiza, Berna, que identificó al sospechoso, la FGR logró detenerlo el 26 de noviembre de 2020, después de un seguimiento de tres años, y enseguida fue internado y procesado en el Reclusorio Oriente.
De 50 años, el imputado hasta ahora no ha dicho nada, ni a las autoridades judiciales ni a la FGR, pese a que ésta última le ha ofrecido beneficios a cambio de que revele quiénes son sus cómplices y proveedores del materia, pero no ha aceptado la oferta.
PIDEN JUSTICIA
La FGR presentó la acusación contra Malváez Sandoval ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente y pidió imponerle 45 años de prisión y una multa de 6 millones 759 mil 200 pesos.
Sin embargo, unos meses después, la Fiscalía le ofreció un procedimiento abreviado para que se declare culpable y sólo reciba una condena de 16 años y ocho meses de prisión y 211 mil 309.49 pesos de multa.
El interés de la Fiscalía también ha sido identificar a los menores que aparecen en los videos y fotografías; no obstante, tampoco ha tenido suerte.
Con los archivos que le aseguraron, en 2021 la FGR hizo una primera búsqueda en las bases de datos del National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC), pero no logró ubicar a alguna de las posibles víctimas.
Y libera jueza a acusado
Gracias al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a revisar la prisión preventiva de oficio después dos años de estar preso, Enrique Malváez Sandoval, procesado por presuntamente distribuir pornografía infantil, logró su libertad provisional.
El pasado 21 de junio, el acusado abandonó el Reclusorio Oriente de esta capital, después de 2 años y 7 meses, sujeto a un proceso por el delito de trata de personas, en las modalidades de compartir y almacenar fotografías y videograbaciones de menores de edad en actos sexuales.
Malváez Sandoval fue detenido el 27 de noviembre de 2020 en la capital del País y en todo este tiempo ha sido representado por Luis Bolívar Realpe, defensor público federal.
Alejandra Domínguez Santos, juez con carácter de Tribunal de Enjuiciamiento, sustituyó la prisión preventiva de oficio por la obligación de presentarse cada jueves en la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del País sin autorización judicial.
Si bien la FGR pidió imponerle un brazalete electrónico, la juzgadora rechazó autorizarlo porque estimó que los datos de prueba ofrecidos por los fiscales son insuficientes para justificar la probable sustracción de la justicia.
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