- El Inapesca pelea el predio donde se ubica la ‘Tortugranja’ en Isla Mujeres.
MARCO ANTONIO BARRERA
ISLA MUJERES, Q. ROO.- El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) arremetió legalmente para recuperar el predio de la “Tortugranja”, que le fue conferido al municipio de Isla Mujeres desde abril pasado.
El organismo público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) recurrió a un juicio de amparo para impugnar jurídicamente el “Acuerdo de destino” emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 6 de abril pasado.
El acuerdo citado otorgó a las autoridades municipales no sólo la posesión del predio, sino el uso de las instalaciones para operar la granja de tortugas, e investigar, estudiar y conservar las especies en peligro de extinción.
El predio en litigio tiene una superficie de mil 698.140 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre que forma parte de los bienes propiedad del dominio público de la nación, el cual se ubica en la Estación de Biología del fraccionamiento Laguna Mar, al que se llega por la carretera San Bajo, al sur de la ínsula.
Las instalaciones cuentan con dos edificios, uno de los cuales es utilizado como área administrativa y tienda de conveniencia, y el otro como un acuario, además tiene cuatro piletas de forma circular y un corral rectangular para la protección, crecimiento y desarrollo de tortugas, además una parte de un muelle.
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La arremetida legal la encabeza el director general del organismo, Pablo Arenas Fuentes, quien a través de su representante legal solicitó medidas cautelares contra el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El litigio se radicó en el expediente 32687263 del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el 23 de mayo pasado.
Como autoridades responsables se señaló a los titulares de la Semarnat y de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, y a las direcciones de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales (DDPIF) y la de Manejo Integral de Ambientes Costeros (DIAC).
La impugnación es por la presunta omisión municipal de que se cumpla con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, específicamente en las opiniones técnicas DDPIF14/2023 de la DDPIF (23 enero 2023) y la SRA-DGZFMTAC-DIAC-032/2023 de DIAC (20 enero 2023).
Igualmente, ante el cumplimiento de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal, para este tipo de acuerdos destinados al servicio público o al uso común de los terrenos ganados al mar, a los ríos, lagos, lagunas, esteros y demás corrientes de aguas nacionales.
El amparo está pendiente de resolverse debido a que el órgano jurisdiccional de origen declinó la competencia del caso número 32798729, y lo turnó al Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo, el 31 de mayo pasado.
Pero el juez de la entidad igualmente se opuso al no corresponderle por cuestiones de turno, según una resolución dictada en el expediente 32798729, el 12 de junio.
La discordia entre juzgados se elevó a un conflicto competencial en el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México.
La instancia judicial superior determinó en el caso 32893886 que correspondía atender el caso al Juzgado de Distrito de Quintana Roo (21 agosto), y ordenó transferir la documentación el 31 de octubre pasado.
La solicitud para el destino de la “Tortugranja”, junto con las instalaciones, fue realizada por las autoridades municipales el 16 de agosto de 2019, luego de acreditar la compatibilidad del uso de suelo por parte de la dirección general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de un documento generado 15 días antes.
El otorgamiento del uso del predio a las autoridades isleñas no transmitió la propiedad ni crea derechos reales, y se condiciona a que le será retirada la administración en caso de que se destine a un uso distinto sin previa autorización de la Semarnat o se deje de usar o necesitar.
Igualmente se impuso a las autoridades municipales la obtención de autorizaciones para el aprovechamiento no extractivo de la tortuga marina en el campamento citado.
Deberá mantener el sitio en condiciones de higiene, adoptar medidas para evitar la proliferación de fauna nociva y mantener libre el acceso a la zona federal marítimo terrestre, y a la playa.
Otras restricciones son para abstenerse de realizar descargas residuales al mar o dentro de la superficie de zona federal autorizada, cuyo terreno deberá delimitar para impedir el libre tránsito peatonal.
La “Tortugranja” opera desde abril pasado, luego que tuvo que cerrar al dejar de recibir los recursos económicos necesarios en septiembre de 2021.
El Inapesca solicitó la devolución del predio al gobierno del exalcalde Juan Luis Carrillo, que lo entregó unos días antes de concluir su gestión.
