- Aguakan sabía que existía el riesgo de perder la concesión.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Para la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan, la terminación anticipada o la pérdida de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de agua residual representó un factor de riesgo relevante para capitalizarse.
Cuando la compañía que opera bajo el nombre comercial de Aguakan solicitó en la Bolsa Mexicana de Valores la colocación de certificados bursátiles en 2015 (cuyo saldo actual oscila en mil 252 millones de pesos con vencimiento en los siguientes tres años), una opinión legal reconoció un par de situaciones que podrían incidir en incumplimientos de pago.
El primer escenario planteado fue que se le desprendiera de la concesión (como el activo intangible más importante de la compañía y sus subsidiarias), su vigencia y su posible terminación anticipada.
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Sin el permiso para operar no podrían seguir funcionando como lo venían haciendo, y de ser revocado, rescindido o que no fuera prorrogado el título, “podemos vernos en la imposibilidad de cumplir nuestros compromisos financieros”.
Una segunda posibilidad fue que se diera una expropiación del gobierno federal y del gobierno del estado de Quintana Roo “por causas de utilidad pública o de seguridad nacional”, ante lo cual esperarían una indemnización económica.
La concesión original fue por 30 años a partir del 20 de octubre de 1993, y después ocurrió una segunda modificación en febrero de 1999, en la cual se estableció como causa de revocación que la concesionaria fuera desvinculada de su accionista mayoritario Grupo Mexicano de Desarrollo.
Con la entrega del título de concesión, DHC se convirtió en la primera empresa privada en obtener el 100 por ciento de una concesión de agua en México.
Los fantasmas de perder la concesión se esfumaron cuando se firmó la ampliación del plazo de concesión el 18 de diciembre de 2014.
Al momento de la renovación por otros 30 años (hasta el 31 de diciembre de 2053), la cobertura de acceso de agua potable era de 61 por ciento en Benito Juárez y de 30 por ciento en Isla Mujeres.
Con la firma del documento se añadió la cobertura geográfica del municipio de Solidaridad con el pago de una contraprestación anticipada de mil 055 millones de pesos.
Igualmente, en la “Base Décima” se pactó garantizar una contraprestación periódica equivalente a la cantidad que resultara mayor, entre el 10 por ciento de los ingresos totales anuales de la empresa o un pago por 78 millones 843 mil 509 pesos al año ajustados conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor.
Se anotó la ampliación de la concesión que incluyó al municipio de Solidaridad y un aumento de la tarifa por alcantarillado, además de una tasa de retorno garantizada para la compañía de 12 por ciento real.
Posteriormente, los ingresos totales de la compañía aumentaron 511.6 millones de pesos entre septiembre de 2014 a 2015.
El crecimiento de Aguakan se ha reflejado en un perfil financiero sólido con perspectiva estable a largo plazo, según la calificadora crediticia Fitch Ratings en un reporte de agosto del presente año.
La diversificación de clientes y concentración geográfica reportada (hasta junio pasado) muestra que el segmento doméstico representa el 94 por ciento de los clientes.
Por volumen de consumo representa el 80 por ciento del agua vendida, lo cual genera el 65 por ciento del ingreso total, mientras que los segmentos comercial y hotelero tienen el 15 por ciento y el 17 por ciento, respectivamente.
La cobertura del servicio actual es de 100 por ciento de agua potable, 98 por ciento en alcantarillado y 100 por ciento en saneamiento.
La empresa prevé pagos, en el mismo reporte, de 200 millones de pesos anuales por amortización de deuda, siempre y cuando se cumpla con el supuesto de la continuidad de la concesión.
Con la emisión del Decreto 195 de la XVII Legislatura de Quintana Roo se decidió el vencimiento anticipado de la vigencia del título de concesión en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
El Grupo Mexicano de Desarrollo consideró el decreto citado como ilegal, y que cuenta con argumentos sólidos, por lo que impondrá todos los medios de impugnación y defensa legales para combatirlo.
El documento, agregó, desconoce la naturaleza y normatividad rectora del título de concesión “e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable”.
Según el consorcio, el decreto carece de validez y eficacia legal ya que no es legalmente procedente afectar derechos legítimamente adquiridos por DHC, ni a la concesión.
Tampoco, que el Legislativo ignore los términos, condiciones y procedimientos previstos que, entre otras cosas, imponen mecanismos para proceder contra la compañía.
