- Un Juez administrativo emplazó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a designar dos Magistrados y completar la Sala Superior del organismo.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez administrativo emplazó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a designar dos Magistrados y completar la Sala Superior del organismo que calificará la elección presidencial y resolverá la distribución de legisladores plurinominales.
Rodrigo de la Peza, Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión provisional para que la Presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, proponga a dos Magistrados o Magistradas decanas.
“El pleno de la Sala Superior deberá designar a dos personas Magistradas Electorales de las Salas Regionales, que deben cumplir con el requisito de ser decanas, esto es, con mayor antigüedad o de mayor edad.
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“Esto, para suplir la ausencia prevaleciente (luego de que el Senado no ha elegido de entre las ternas que la Corte le envió en septiembre) y dicha Sala Superior quede integrada por siete Magistrados para que pueda sesionar válidamente”, ordenó el Juez.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, informó que solicitará un juicio político contra el juez federal que ordenó al Tribunal Electoral nombrar a dos magistrados de la Sala Superior, en lo que será la segunda medida de ese tipo requerida contra un juzgador.
A través de sus redes sociales, consideró “evidente” que el Juez De la Peza López actúa por consigna.
“El día de hoy (ayer) solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna”, señaló Alcalde.
El Tribunal Electoral decidió -en un acuerdo- que no atenderá la orden del Juez por considerarla excesiva e injustificada, y anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura y una denuncia penal contra el Juez.
La Secretaría de Gobernación respaldó la decisión del Trife y calificó como una intromisión la resolución del juez, quien concedió el viernes pasado una suspensión provisional para que la presidenta del organismo, Mónica Soto, proponga a dos magistrados o magistradas decanos de Sala Regional.
“Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López decide defender su autonomía y su mandato Constitucional como máxima autoridad en la materia”, agregó Alcalde.
Esta no es la primera vez que el Gobierno federal promueve juicio político contra un juzgador. En enero pasado, la Segob presentó una denuncia de juicio político contra el Juez de Control Crescencio Contreras Martínez.
El Gobierno denunció al Juez por resoluciones favorables a grupos criminales, entre ellas, la liberación de José Alberto García Vilano, “La Kena”, presunto líder de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo.
El pasado 19 de enero, la Secretaría de Marina detuvo a “La Kena” en San Pedro, Nuevo León. Seis días después, Contreras le dictó auto de no vinculación a proceso por delincuencia organizada y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, “La Kena” no quedó en libertad, ya que le cumplimentaron en prisión una orden de aprehensión y un juez del fuero común de Tamaulipas lo vinculó a proceso por el delito de secuestro.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados también promovió un juicio político contra el Ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán, por el voto de calidad con el que rompió un empate para conceder el primero amparo contra la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica.
En 2003, la Suprema Corte de Justicia estableció que no procede el juicio político contra juzgadores por los criterios de sus sentencias, aunque en aquel momento se refirió a los Poderes Judiciales de los estados.
El juicio político, similar al impeachment estadounidense, sólo puede resultar en la destitución e inhabilitación del funcionario, y en México nunca se ha concretado uno a nivel federal.
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