José Réyez
América Latina y el Caribe enfrentan una de las amenazas más graves a su desarrollo y estabilidad: el crimen organizado. Este flagelo no sólo genera violencia, sino que distorsiona economías, corroe instituciones y limita las libertades de millones de personas. Según un informe reciente del Banco Mundial, la región alberga a 12 de los 50 países con mayor actividad criminal en el mundo. Destacan Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y México como los más afectados.
El crimen organizado en la región opera con una violencia y un control territorial sin paralelo en otras regiones. Grupos como los Comandos de la Frontera en Colombia o las maras en Centroamérica imponen reglas paralelas al Estado. Regulan desde horarios de circulación hasta la recaudación de “impuestos” a negocios. En El Salvador, el 79 por ciento de las empresas pagaba extorsiones, un costo que en 2014 equivalía al 16 por ciento del producto interno bruto (PIB). Ecuador, por su parte, registró un aumento del 400 por ciento en extorsiones entre 2021 y 2023, incluyendo ataques a escuelas y farmacias.
Pero el problema va más allá de la extorsión. El narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y el lavado de dinero son sólo algunas de las actividades que alimentan estas redes. México lidera la lista con presencia en 13 de los 15 mercados ilícitos globales, seguido por Brasil y Colombia. La sofisticación de estos grupos es tal que muchos han diversificado sus operaciones, exportando drogas a Europa o utilizando criptomonedas para evadir controles financieros.
Uno de los rasgos más preocupantes del crimen organizado en América Latina y el Caribe es su capacidad para infiltrarse en las instituciones. Mediante sobornos, amenazas y asesinatos, estos grupos debilitan los sistemas judiciales y policiales. En México, durante las elecciones de 2024, al menos 10 candidatos locales fueron asesinados. En Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 evidenció el poder de estas estructuras.
Además, el control territorial permite a las organizaciones criminales gobernar zonas enteras, imponiendo sus propias normas. En Puerto Leguízamo (Colombia), los Comandos de la Frontera deciden quién puede circular y castigan las infracciones con torturas. En Medellín, la policía incluso deriva casos de robo a bandas locales, una muestra de cómo el crimen ha suplantado al Estado en ciertas áreas.
El impacto económico y social es devastador. La región debe destinar en promedio el 1.9 por ciento de su PIB a seguridad, recursos que podrían invertirse en educación o salud. El Salvador gastó el 3.4 por ciento de su PIB en 2022 sólo para combatir a las maras.
Además, la violencia criminal destruye capital humano: las víctimas ven limitadas sus oportunidades educativas y laborales. El 64 por ciento de los niños en Latinoamérica sufren violencia doméstica, un factor que los hace vulnerables al reclutamiento criminal. Los más pobres, los jóvenes y las minorías étnicas son los más afectados, con lo que se perpetúan ciclos de marginación.
En su más reciente informe, el Banco Mundial propone un enfoque integral que combine medidas de seguridad con políticas sociales y económicas. Considera reformar instituciones clave; mejorar el entrenamiento policial; reducir el hacinamiento en cárceles y combatir la corrupción. Reconoce que, en la Ciudad de México, una estrategia integral redujo los crímenes en un 49 por ciento entre 2019 y 2024.
También plantea invertir en los jóvenes: ampliar el acceso a educación y empleos formales para reducir la atracción de economías ilícitas. Además, recomienda fortalecer unidades de inteligencia para rastrear flujos ilícitos. Menos del 20 por ciento de los países de la región investigan eficazmente el lavado de dinero.
Sobre la regulación de drogas y armas, propone Avanzar en debates globales para desmantelar mercados ilegales y presionar a Estados Unidos para frenar el tráfico de armas. Se debe recordar que el 68 por ciento de las armas en México provienen de ese país.
El crimen organizado en América Latina y el Caribe no es sólo un problema de seguridad, sino un obstáculo estructural para el desarrollo. Combina violencia, corrupción y falta de oportunidades y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad. Las soluciones requieren estados funcionales, cooperación regional y una apuesta firme por la justicia social.
Como advierte el Banco Mundial, sin abordar este desafío, la región seguirá atrapada en un “equilibrio pobre” de bajo crecimiento y alta inseguridad. Lo que faltó incluir a la institución en su análisis es la nociva influencia en la región del mayor mercado mundial de las drogas: Estados Unidos.
La prioridad es clara: recuperar los territorios, transformar las instituciones y, sobre todo, ofrecer esperanza a millones de personas excluidas. El tiempo de actuar es ahora.
