- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer la solicitud presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama para que 15 litigios fiscales pendientes.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer la solicitud presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama para que 15 litigios fiscales pendientes, que representan un monto acumulado de más de 49 mil millones de pesos, fueran discutidos públicamente por el máximo órgano jurisdiccional del país.
Durante la sesión, la ministra Batres argumentó que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, abrogada —pero vigente para la actual integración de la Corte—, así como el Acuerdo General 1/2023, facultan al Pleno para conocer y resolver asuntos de relevancia nacional. La propuesta sólo fue respaldada por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
Como resultado de la votación, los casos seguirán siendo tratados en las Salas de la Corte, que deliberan de forma privada.
De acuerdo con estadísticas del Máximo Tribunal, el 95% de los juicios que ingresan se resuelven en estas sesiones cerradas, mientras que apenas el 5% se atiende en sesiones públicas del Pleno.
La Segunda Sala mantiene 14 proyectos fiscales por resolver, con un valor conjunto de 47 mil 435 millones 755 mil 581 pesos.
El Pleno decidió no asumir su competencia sobre estos expedientes, luego de una deliberación de aproximadamente hora y media.
En respuesta a la negativa, la ministra Batres solicitó que se instruyera a los presidentes de ambas Salas a cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica, referente al procedimiento para desechar proyectos.
Denunció que en varias ocasiones se ha votado en contra de los proyectos sin retornar el asunto al ponente, lo que resulta en resoluciones firmes sin una sentencia previa.
Atendiendo a esta solicitud, la ministra presidenta del Pleno pidió a los titulares de las Salas que acataran el artículo referido, con el fin de garantizar la legalidad en el tratamiento de los casos fiscales en cuestión.
El pasado 18 de junio, Batres dejó sin quórum la sesión de la Segunda Sala de la Corte para impedir el desechamiento de un recurso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra la sentencia que anula un crédito fiscal de 4 mil 442 millones de pesos fincado contra la telefónica Movistar.
Batres afirmó ese día que los ministros en funciones que están por dejar sus cargos ya no deberían votar casos de ese tipo luego de discusiones privadas en las Salas, sino que se deberían ver en público en el Pleno.
Las Salas de la Corte tienen amparos directos en revisión contra créditos fiscales fincados por el SAT por montos considerables, pero en la mayoría de esos casos no hay temas de constitucionalidad que ameriten su intervención, y los hechos que originaron cada crédito ya fueron revisados por Tribunales Colegiados.
Estos incluyen, además del de Movistar, tres recursos de Grupo Elektra en asuntos que el gobierno cuantificó la semana pasada en 26 mil millones de pesos, y otro de 2 mil 868 millones de pesos contra la minera canadiense Primero Mining, entre otros.
Apenas el 28 de mayo pasado, la Primera Sala de la Corte confirmó un crédito de mil 272 millones de pesos contra la casinera española Codere.
En general, la mayoría de estos recursos son promovidos por las empresas para prolongar litigios que ya perdieron en los temas sustanciales, y hay pocos como el de Movistar, en los que es el SAT el que está tratando de involucrar a la Corte porque perdió en un Tribunal Colegiado.
Todos los asuntos que no sean resueltos por la actual integración de la Corte quedarán para los nueve ministros y ministras electos el 1 de junio, que a partir de septiembre sólo sesionarán en Pleno, pues desaparecen las Salas.
