- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, señaló que el Poder Legislativo local actuó en apego a sus facultades.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La libre configuración para legislar que tienen los estados amparados por la Constitución General fue la base que dio sustento a las reformas legales que utilizó la XVIII legislatura para la elección y reestructuración del Poder Judicial de Quintana Roo, explicó la secretaria de gobierno Cristina Torres Gómez.
La servidora pública se refirió a las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Corte por la presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El conflicto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la CNDH contra la legislatura estatal consiste en que se interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial del estado, que determinó el método de elección entre planillas propuestas por los poderes del estado.
El litigio busca dar claridad a una supuesta contradicción de la reforma local con la Constitución General, particularmente en lo que se refiere a la autonomía e independencia en las decisiones del Legislativo.
Como parte del proceso, la servidora pública estatal explicó que los poderes del estado involucrados han respondido en tiempo y forma a las notificaciones recibidas.
Torres Gómez aseguró que el Poder Judicial de Quintana Roo cuenta con legitimidad y se encuentra trabajando dentro de la legalidad en la impartición de justicia.
“Todo lo que se actúe de parte del actual poder judicial es legal, se avanza y no debe haber ningún tipo de preocupación, lo que se realizó desde el Ejecutivo y del Legislativo fueron emitidos y aplicados de forma correcta, tenemos un Poder Judicial que trabaja de forma legal”, aseguró.
Cristina Torres, sin embargo, pidió esperar el pronunciamiento de los ministros y en su caso realizar las adecuaciones que determine esa alta autoridad en la Constitución local y las leyes secundarias reformadas e impugnadas.
La secretaria de gobierno respondió expresamente sobre si el origen de los recursos legales promovidos por la presidencia y la CNDH, pueden leerse como una ruptura política con esas instancias nacionales, ante lo que descarto cualquier alejamiento del gobierno local con esas autoridades.
Se trata, dijo, de una obligación de las instancias de cualquier gobierno, de someter a revisión lo que a su interpretación puede estar fuera del marco constitucional y legal; de no hacerlo, la consejería jurídica y la CNDH podrían caer en omisión y tener alguna responsabilidad jurídica.
“Están cumpliendo su responsabilidad y percepción jurídica, pero no significa ningún tipo de rompimiento, al contrario, el gobierno de Quintana Roo, es más cercano a las autoridades de la nación y con la CNDH”, aseguró.
En este caso prevalece una percepción legal de parte de las autoridades que impugnaron la forma de elegir a los integrantes del Poder judicial y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas.
