- El acuerdo que México alcanzó con Estados Unidos para entregar 249 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de enero podría implicar que el gobierno despoje de parte de sus caudales a los estados del norte de la República.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El acuerdo que México alcanzó con Estados Unidos para entregar 249 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de enero podría implicar que el gobierno despoje de parte de sus caudales a los estados del norte de la República.
Así lo advirtió el diputado federal panista, Federico Döring, quien recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el compromiso de entrega como parte de los adeudos del Tratado de Aguas de 1944.
Esto sin explicar de dónde saldrá ese volumen, pues las dos presas binacionales apenas cuentan con 201 millones de metros cúbicos disponibles.
“Las cifras no cuadran: si en las presas binacionales sólo hay 201 millones de metros cúbicos, ¿de dónde van a salir los 48 millones restantes que ya comprometieron?”.
El legislador sostuvo que no sería la primera vez que el actual gobierno entrega agua mexicana fuera de los acuerdos internacionales.
Federico Döring citó el antecedente del río San Juan, afluente del río Bravo que no está contemplado en el Tratado de 1944, y cuyo caudal fue cedido de manera irregular a autoridades de Texas mediante la Minuta 331, afectando de manera directa a Tamaulipas y Nuevo León.
De no aclararse el origen del agua comprometida, advirtió, el gobierno federal podría valorar la posibilidad de quitarle agua a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León sin informar a la ciudadanía ni a los gobiernos locales cuántos metros cúbicos pondrá cada entidad.
“El gobierno dice que ya hay una solución, pero le esconde al pueblo de México cuánto le va a quitar de agua a cada estado para regalársela a Donald Trump y al gobernador Abbott en Texas”, previno.
El diputado federal exigió a la presidenta Sheinbaum informar con claridad qué se comprometió en realidad.
“De dónde saldrá el agua faltante y bajo qué criterios se afectará, o no, a las entidades federativas. Si no hay nada que ocultar, no hay razón para esconder esta información”, consideró.
