José Réyez
En el imaginario colectivo, 2026 quedará grabado como el año del Mundial de Futbol: un mosaico de fiesta, globalización y espectáculo deportivo.
Sin embargo, una mirada fría y técnica hacia el horizonte inmediato pinta un cuadro distinto, uno donde el balompié es sólo un episodio –aunque monumental– dentro de una tormenta perfecta de riesgos que amenaza con desbordarse.
México se encuentra expuesto a procesos simultáneos de expansión mundial del crimen organizado, reconfiguración geopolítica internacional, degradación ambiental y debilitamiento de los sistemas públicos de salud y seguridad, que se proyectan hacia los campos económico, sanitario, tecnológico y geopolítico.
La Agenda Nacional de Riesgos y Peligros 2026, un documento elaborado por el experto en seguridad nacional e inteligencia y profesor de la maestría en Gobernanza y Globalización de la UDLAP, Eduardo Vázquez Rossainz, resulta un mapa de navegación para un país que se adentra, quizá sin la debida bitácora, en aguas de una complejidad estratégica sin precedentes recientes.
El diagnóstico es crudo y multifacético. México no enfrenta un enemigo único, sino la convergencia simultánea de cinco procesos de descomposición: institucional, criminal, geopolítica, ambiental y de salud pública.
Esta no es una suma simple de problemas, sino una multiplicación de vulnerabilidades donde cada crisis alimenta a la otra. La ausencia de mecanismos funcionales de coordinación y de inteligencia estratégica, señala el documento, ha dejado al Estado a ciegas y reaccionando a los golpes, incapaz de anticiparlos o contenerlos.
Tres factores convierten a 2026 en un punto de inflexión crítico. Primero, una reconfiguración administrativa federal que, más que fortalecer, ha implicado ajustes y, en muchos casos, reducción de capacidades institucionales.
Segundo, la monumental logística del Mundial, un imán para amenazas terroristas, cibernéticas y de crimen organizado, que demandará una eficiencia de seguridad, salud y protección civil que hoy parece una quimera.
Tercero, la delicada gestión de la relación con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, en un contexto donde la influencia de otros actores globales como China, Rusia y Cuba crece silenciosamente en áreas de infraestructura crítica, tecnología y cooperación, desgastando la confianza con socios estratégicos.
En el corazón de la tormenta está la metamorfosis del crimen organizado. Ya no son solo grupos delictivos; son actores político-territoriales que han construido estructuras paralelas de gobernanza, control social y regulación económica.
La respuesta, centrada en la contención militar, ha sido un parche que mantiene una estabilidad precaria, pero no revierte la pérdida de control territorial ni la captura de instituciones locales por la corrupción y la cooptación. Muchos municipios son hoy el punto de convergencia donde el poder político, el económico y el criminal se funden, anulando el Estado de derecho.
Paralelamente, el sistema de salud nacional se desploma. El modelo IMSS-Bienestar, ideado con fines universales, naufraga por fallas estructurales: desabasto crónico de medicamentos, infraestructura deteriorada, fuga de personal especializado y una coordinación intergubernamental inexistente.
Esta debilidad no es sólo una tragedia sanitaria; es un riesgo de seguridad nacional. Brotes como el del gusano barrenador del ganado exponen la fragilidad de la bioseguridad y amenazan con escalar a crisis hemisféricas, impactando la economía y los compromisos internacionales.
Pero quizás el riesgo más insidioso sea la fragilidad institucional acumulada. La erosión de los contrapesos democráticos, la debilidad crónica del sistema judicial, la corrupción que ya opera como lógica sistémica y la militarización de la inteligencia civil han creado un vacío de información crítica.
El Estado navega a ciegas. La desinformación campea a sus anchas, la confianza ciudadana se resquebraja y la legitimidad del Estado descansa sobre cimientos cada vez más frágiles. En este escenario, cualquier chispa local —un desastre natural, un conflicto social, un ciberataque— puede incendiar la pradera y escalar a una crisis nacional en horas.
El Mundial, en este contexto, no es la prioridad, sino el stress test definitivo (diagnóstico realizado en una bicicleta estática con monitoreo de electrocardiograma, que evalúa cómo funciona el corazón durante el ejercicio).
Pondrá bajo un microscopio internacional la capacidad de México para proteger infraestructuras críticas, gestionar fronteras, coordinar entre agencias y prevenir ataques en múltiples dominios (físico, digital, sanitario). Fracasar en este examen tendría un costo reputacional, económico y de seguridad devastador.
La Agenda de Vázquez Rossainz no ofrece soluciones mágicas, pero sí un camino: planeación de largo plazo, coordinación estratégica real entre los tres órdenes de gobierno, recuperación de la inteligencia civil técnica y una visión de la seguridad nacional que trascienda la coerción.
La seguridad, concluye el documento, es una condición estructural de estabilidad que depende de instituciones fuertes, coordinación efectiva y la preservación de la legitimidad del Estado.
México se acerca a 2026 como un equipo que debe jugar el partido más importante de su historia, pero con la plantilla debilitada, el entrenador desbordado y el manual de jugadas perdido. La fiesta del futbol puede ser el telón de fondo de una crisis existencial o la catalizadora de una reorganización nacional urgente.
Ignorar este mapa de riesgos, bajo el argumento de que es pesimista o alarmista, sería el primer y más grave error. El reloj ya está en marcha. El año 2026 no espera.
