- La Alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno capitalino cruzaron señalamientos sobre la responsabilidad de la autorización y supervisión a la demolición del inmueble de Calzada San Antonio Abad 124.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno capitalino cruzaron señalamientos sobre la responsabilidad de la autorización y supervisión a la demolición del inmueble de Calzada San Antonio Abad 124, en la Colonia Tránsito, donde el desplome de una estructura dejó como saldo tres trabajadores fallecidos.
La demarcación aseguró haber negado autorizaciones a los trabajos en el predio y achacó a la Secretaría de Vivienda (Sevivienda) haber otorgado facilidades administrativas al propietario del predio.
Los trabajos corrían a cargo de la empresa Demet y buscaban desmontar el inmueble que había resultado dañado en el sismo de 2017.
La Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega detalló que en septiembre fue recibida la solicitud para la Publicitación Vecinal para la Licencia de Construcción Especial de Demolición, la cual fue rechazada debido a que se habrían detectado faltantes.
“Desde la Alcaldía, el 30 de septiembre de 2025, respondimos, no concedimos el permiso, porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la demolición”, dijo.
“A pesar de esto la empresa decidió iniciar los trabajos de demolición, porque el 20 de octubre de 2025 Sevivienda, Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, les otorgó estas famosas facilidades administrativas y autorizó la demolición usando el acuerdo de la Comisión de Reconstrucción, aunque nosotras como Alcaldía dijimos que no, ellos dijeron que sí”.
En el video de la titular de la Cuauhtémoc el documento con la negativa de la Licencia de Demolición aparece sin firma, aunque, ayer por la tarde, se mostró una versión con rúbrica y sellos.
El titular de Sevivienda, Inti Muñoz, aseguró en entrevista que la CDMX no autorizó la demolición, sino que brindó facilidades administrativas para acelerar el trámite que, dijo, debía concluirse ante la Alcaldía con el cumplimiento de requisitos como el Programa de Protección Civil.
El funcionario apuntó que el documento que mostró Rojo de la Vega no era una negativa, sino una prevención que pedía al particular acreditar una serie de requisitos para continuar con el trámite.
“No le niegan la demolición, simplemente le dice al privado, a la empresa demoledora, que tiene cumplir una serie de requisitos y que tiene un plazo para cumplir”, dijo.
También urgió a la Alcaldía a aclarar si la empresa había cumplido con los requerimientos.
“Hay una falta de información sobre si le pidieron a la empresa todo lo que le tenían que pedir en materia de programas de protección civil, sobre si llevaron a cabo revisiones de los documentos que tenía que presentar la empresa y sobre si llevaron a cabo supervisiones.
“El hecho de que hayan puesto sellos de clausura el día de ayer, pues da cuenta de que tal vez esa fue la primera verificación que hicieron en la obra”, recalcó.
Mientras la Alcaldesa aseguró que las inspecciones a este tipo de obras se realizan junto con el Instituto de Verificación Administrativa y son a petición vecinal, Muñoz refirió que la normativa establece que son procesos que no requieren solicitud ciudadana.
El mismo martes, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que depende de la Secretaría de Gobierno, había impuesto sellos de suspensión al predio, aunque no se dieron detalles sobre las anomalías detectadas por la Administración capitalina.
