- Sin triunfos ni derrotas para las partes, resuelve Corte pleito jurídico del Congreso contra el Poder Judicial y la Fiscalía en Morelos por el deslinde del pago de pensiones de ex trabajadores.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En una misma jornada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un paquete de controversias constitucionales relacionadas con al menos seis decretos emitidos por el Congreso de Morelos —los números 50, 124, 175, 180, 198 y 210— mediante los cuales se obligaba tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado a cubrir pensiones de ex trabajadores con cargo a sus propios presupuestos, sin que existiera una asignación previa de recursos.
El origen de estos litigios responde a una práctica sostenida en la entidad: el Congreso de Morelos otorga pensiones a trabajadores retirados mediante decreto, pero establece que el pago debe ser asumido directamente por las instituciones donde laboraron, trasladando la carga financiera sin modificar el esquema presupuestal.
Esta dinámica generó una serie de impugnaciones por parte del Poder Judicial y de la Fiscalía, que argumentaron una afectación directa a su autonomía.
Al resolver los casos, la Corte siguió una misma lógica jurídica. Reconoció que los congresos estatales tienen facultades para legislar en materia de pensiones y otorgarlas conforme a la ley; sin embargo, estableció un límite claro: no pueden imponer unilateralmente a otro poder u órgano autónomo la obligación de pagar dichas prestaciones con sus propios recursos, sin garantizar previamente el financiamiento necesario.
En el caso del Decreto 180, impugnado por la Fiscalía de Morelos, el Pleno concluyó que obligar a este órgano a cubrir una pensión con su presupuesto vulnera su autonomía financiera. De manera similar, al analizar el Decreto 198, la Corte determinó que imponer esa carga al Poder Judicial transgrede el principio de división de poderes, al afectar su independencia en la gestión de recursos.
El razonamiento del máximo tribunal fue consistente en todos los expedientes: la violación constitucional no depende de si las instituciones cuentan o no con suficiencia presupuestal, sino del hecho mismo de que el Congreso disponga de recursos que no le corresponden. En otras palabras, el problema no es financiero, sino competencial.
A partir de este criterio, la Corte optó por una solución intermedia. No anuló las pensiones otorgadas —al considerar que los beneficiarios cumplen con los requisitos legales—, pero sí invalidó las porciones normativas que obligaban a los órganos a pagarlas con su presupuesto. Con ello, se protege el derecho de los trabajadores sin comprometer la autonomía institucional.
Como efecto de las sentencias, el Congreso de Morelos deberá modificar los decretos en un plazo determinado, para definir con claridad quién asumirá el pago de las pensiones. La Corte estableció que existen dos vías constitucionales: que el propio Estado cubra la obligación con cargo a su presupuesto general, o que, en caso de asignarla a otro ente, se realice una transferencia previa, suficiente y etiquetada de recursos.
El Pleno también lanzó un mensaje directo al Congreso local. Subrayó que no se trata de casos aislados, sino de una práctica reiterada que ha sido invalidada en múltiples ocasiones. Por ello, fijó criterios obligatorios para futuros decretos, exigiendo que se precise desde su emisión la fuente de financiamiento y se garantice la disponibilidad de recursos.
Este conjunto de resoluciones no solo resuelve los casos concretos, sino que redefine la relación entre poderes en materia presupuestal en Morelos. La Corte deja claro que la autonomía de órganos como el Poder Judicial y la Fiscalía no puede ser vulnerada mediante decisiones legislativas que los obliguen a asumir cargas económicas sin control sobre su origen.
