- La Suprema Corte votó a favor de proteger al personal de salud para acompañar abortos voluntarios sin riesgo de criminalización.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En Morelos, el debate sobre el aborto dejó de centrarse únicamente en las mujeres. Esta vez, el foco llegó hasta los consultorios, donde el ejercicio médico se mueve entre la vocación de atender y el temor de ser criminalizado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de intervenir en ese punto de tensión: el momento en que la ley, sin aplicarse, ya produce efectos.
La historia comenzó con una reforma al Código Penal estatal publicada en 2019, que tipificó la interrupción del embarazo y estableció sanciones para el personal de salud que la practique. Años después, dos médicas impugnaron estos artículos al considerar que su sola existencia las colocaba en riesgo de ser investigadas penalmente, limitando su práctica profesional y el acceso a servicios de salud reproductiva. Aunque un juzgado federal negó inicialmente la suspensión, el caso escaló hasta la Corte.
El Pleno del máximo tribunal resolvió, por unanimidad, que ese riesgo no es hipotético. Determinó que las normas penales en materia de aborto son “autoaplicativas”, es decir, generan consecuencias desde el momento en que están vigentes. En este caso, producen un efecto inhibidor: médicos y médicas pueden dejar de brindar acompañamiento por miedo a sanciones. Bajo esa lógica, la Corte revocó la decisión inicial y concedió la suspensión definitiva para que las autoridades se abstengan de aplicar dichas normas contra las quejosas mientras se resuelve el fondo del asunto.
La decisión no elimina los artículos impugnados ni define aún su constitucionalidad, pero sí envía una señal clara: el derecho no solo se mide por lo que castiga, sino por lo que desalienta. Para la Corte, impedir que profesionales de la salud ejerzan sin temor afecta tanto su libertad como el acceso de las personas a servicios médicos seguros.
El fallo también retoma una línea ya marcada por el propio tribunal: la criminalización del aborto no solo impacta a quienes buscan interrumpir un embarazo, sino que configura un sistema que dificulta la atención médica, refuerza estigmas y limita la información.
En ese contexto, conceder la suspensión no contraviene el interés social; por el contrario, busca evitar daños irreparables mientras se decide el fondo. Lo que sigue será clave. La sentencia definitiva del amparo determinará si las normas penales de Morelos resisten el escrutinio constitucional.
