- La desaparición en México es un fenómeno generalizado, advierte el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La desaparición en México es un fenómeno generalizado, advierte el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana. Si bien la comisión valora los avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado -especialmente en materia de búsqueda-, persisten desafíos estructurales.
“Que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación por las diversas formas de desaparición que ocurren en el país”, explica.
Existen altas concentraciones, detalla, en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, y en particular en el denominado “corredor del pacífico”, que abarca los estados de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde la incidencia estaría estrechamente vinculada a la actuación del crimen organizado.
“El universo de personas desaparecidas agrupa una multiplicidad de perfiles, entre los que se incluyen niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado”, apunta.
Incluye también, añade, a migrantes, víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas y defensores de derechos humanos.
La desaparición de personas en México, indica, ocurre desde hace varias décadas, a partir de la llamada “guerra sucia”.
“En la actualidad existe coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos.
“En que la desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales”, señala.
“Frente a ello, resulta crucial que el estado considere en sus políticas de prevención y juzgamiento el contexto de la criminalidad organizada en las desapariciones y los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales en los diferentes territorios del país”.
La CIDH reconoce el que el Estado mexicano se haya referido a la desaparición como una crisis humanitaria y admitido la existencia de una emergencia forense.
“Y destaca las acciones emprendidas desde 2018, incluyendo la creación de instituciones y la adopción de normativas, con diferente intensidad y efectividad para abordar esta problemática.
Califica de robusta la regulación penal que prohíbe las diferentes formas de desaparición de personas y encuentra positivo el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra sucia”, incluidas las desapariciones.
“No obstante, mientras que, en algunos ámbitos como el de la búsqueda, se han desarrollado capacidades institucionales significativas, en otros persisten desafíos relevantes, especialmente en materia de prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria”, alerta.
“En cuanto a las investigaciones, la comisión identifica desafíos desde la interposición de denuncias, la conducción de diligencias y el impulso de las investigaciones, la formulación de planes e hipótesis de investigación que respondan a líneas lógicas de investigación y el encuadre de las conductas ilícitas en los tipos penales adecuados”.
Remarca que las fallas en la etapa de investigación abonan a la falta de judicialización y, en consecuencia, a los altos niveles de impunidad.
