Zósimo Camacho
No son cuatro. Son más. Y no operan sólo en Nuevo León. La podredumbre en la justicia agraria mexicana es más profunda de lo que se pensaba. Hace algunas semanas dimos a conocer los citatorios en calidad de imputados, por probable corrupción, girados contra los magistrados del Tribunal Superior Agrario: Maribel Concepción Méndez de Lara, Carmen Laura López Almaraz, Alberto Pérez Gasca y Claudia Dinorah Velázquez González, presidenta.
La Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, tiene abierta otra investigación, la FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ/MEX/0001211/2020, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. En ella aparecen tres magistrados agrarios más: Delfino Ramos Morales, María Antonieta Villegas López y Erika Lissette Reyes Morales.
La denuncia se presentó en 2020, cuando los tres estaban adscritos al Tribunal Unitario Agrario de Texcoco. Fueron acusados por núcleos agrarios del distrito 23 por presuntos actos de corrupción que devinieron en el despojo de tierras en favor de intereses privados. Delfino Ramos Morales ya renunció. Pero las otras dos siguen en funciones, protegidas por la cúpula del Tribunal Superior Agrario.
Erika Lissette Reyes Morales está hoy en el Tribunal Unitario Agrario 8, con sede en la Ciudad de México. Es protegida de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González –quien, recordemos, fue citada a comparecer como imputada en la carpeta FED/NL/ESC/0000893/2025– y de la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, imputada en esa misma indagatoria. Reyes Morales no está ratificada, pero se mantiene en el cargo nueve años después de que concluyera el periodo para el que fuera nombrada. Litigantes y organizaciones campesinas la señalan de no atender a las familias campesinas, falta de empatía y acumular quejas. Así opera el sistema: los que fracasan en un tribunal los recolocan en otro.
María Antonieta Villegas López, amiga de Claudia Dinorah Velázquez González y también su protegida, fue trasladada al Tribunal Unitario Agrario 42, en Querétaro. Allí arrastra uno de los mayores rezagos de todos los tribunales agrarios. Y allí también se juegan intereses millonarios. La zona conurbada de Querétaro –La Corregidora, El Marqués– es un hervidero de intereses empresariales e inmobiliarios sobre propiedad social. El panismo tiene presencia clave en esa región, con personajes como Diego Fernández de Cevallos entre los beneficiarios del despojo judicial. Los tribunales unitarios, denuncian los campesinos, operan en contubernio con los Tribunales Colegiados de Circuito para arrebatar tierras a núcleos ejidales y comunidades agrarias mediante resoluciones judiciales amañadas.
A pesar de la denuncia de 2020, litigantes y organizaciones campesinas se quejan de que esa indagatoria no avanza. Un contraste con la carpeta de Nuevo León, que sí ha movido ficha. ¿Por qué unas denuncias sí y otras no?
En otro caso, este miércoles ejidatarios de La Garita de Jalisco, San Luis Potosí, se manifestaron en el Senado de la República. Acusan a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara y al magistrado Alberto Pérez Gasca –todos ellos ya investigados penalmente– de intervenir directamente en el Tribunal Unitario Agrario 25 para convalidar el despojo de tierras operado por el secretario de Acuerdos de ese tribunal, Uziel Egle Arriaga Badillo, y validado por la magistrada María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri.
La Garita es un área de alto desarrollo habitacional y plusvalía. La industria inmobiliaria y las empresas se han ido apoderando poco a poco de casi todo el territorio. Los ejidatarios demandan la devolución de 400 hectáreas tomadas ilegalmente. El caso más reciente es de este lunes 11 de mayo: el Tribunal Unitario Agrario avaló la entrega de 151 hectáreas del ejido a la empresa inmobiliaria Desarrollo del Pedregal. Con una resolución judicial, el despojo se vuelve “legal”.
Lo que está en juego no son sólo hectáreas. Es la propiedad social de la tierra, protegida por el Artículo 27 Constitucional. Es la vida de miles de campesinos que ven cómo jueces y magistrados, en lugar de aplicar la ley, la retuercen para favorecer a los mismos de siempre: bancos, inmobiliarias, gobiernos locales y sus socios empresariales.
La FGR tiene en sus manos, al menos, dos investigaciones. La de Nuevo León avanza. La de Texcoco, no. Los campesinos de La Garita se manifestaron en el Senado porque ya no les quedan más puertas. Los magistrados investigados siguen en sus cargos. Algunos, incluso, siguen protegiendo a sus amigos. La actual justicia agraria en México no está enferma: está podrida. Y urge una cirugía mayor.
