- El Congreso de Veracruz dio de baja a familiares de diputados locales tras señalamientos de presunto nepotismo.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Congreso de Veracruz dio de baja a familiares de diputados locales tras señalamientos de presunto nepotismo, en una decisión que reactivó el debate sobre transparencia, redes de poder y uso de cargos públicos dentro del Poder Legislativo estatal.
La medida fue confirmada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuyo presidente, Esteban Hernández Bautista, informó que las bajas derivan de revisiones administrativas realizadas sobre la nómina legislativa y de solicitudes emitidas por el área de Recursos Humanos.
Además de las separaciones ya concretadas, el legislador señaló que aún se mantienen bajo revisión al menos otros dos casos relacionados con posibles vínculos familiares entre asesores y diputados de la LXVII Legislatura local.
Entre los casos confirmados se encuentra el de Nayeli Moreno Gutiérrez, hija de la diputada local morenista Victoria Gutiérrez, quien se desempeñaba como asesora legislativa.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
De acuerdo con la Jucopo, el área de Recursos Humanos recibió la instrucción de revisar nombres, apellidos y adscripciones de asesores para identificar relaciones de parentesco con legisladores y, en su caso, proceder conforme a la normatividad interna.
La revisión también abrió cuestionamientos sobre la estructura salarial dentro del Congreso. Uno de los casos mencionados fue el de José Alfredo Lizárraga Corona, asesor legislativo con una percepción mensual de 62 mil 184 pesos bajo el esquema de sindicalizado.
Sobre este caso, Hernández Bautista reconoció que las facultades para poder intervenir son limitadas debido a las condiciones laborales existentes.
“No podemos hacer nada porque está sindicalizado”, señaló al explicar que el salario corresponde a categorías definidas en el tabulador institucional.
El presidente de la Jucopo indicó que la revisión de estos casos se aceleró tras los señalamientos públicos y las auditorías internas.
Aseguró que el desarrollo dentro del Congreso no enfrenta afectaciones por estas medidas. “No afecta en nada”, aclaró al referirse al trabajo legislativo.
Aunque el nepotismo no necesariamente constituye por sí mismo un delito penal, sí representa una práctica cuestionada desde el punto de vista ético y administrativo, debido a que puede generar conflictos de interés o favoritismos en los procesos de contratación basados en capacidad profesional.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa una exigencia de la ciudadanía: que el acceso al servicio público responda a criterios de legalidad, profesionalización y transparencia, y no a relaciones de parentesco o cercanía política.
