- La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) debe analizar con rigor técnico las iniciativas que se presentarán para reestructurar la reforma al Poder Judicial de Quintana Roo.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) debe analizar con rigor técnico las iniciativas que se presentarán para reestructurar la reforma al Poder Judicial de Quintana Roo.
Así lo planteó Hugo Alday Nieto, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT).
Urgió al Congreso del Estado a elevar la calidad del análisis jurídico con el fin de evitar que el Máximo Tribunal del país emita nuevas declaraciones de inconstitucionalidad.
Este pronunciamiento surge tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidó diversos contenidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, aprobados originalmente durante el proceso de reforma de 2025.
Al respecto, Alday Nieto recordó que ya había advertido desde la tribuna del Pleno sobre las evidentes violaciones constitucionales en este y otros dictámenes locales que posteriormente fueron revocados por la federación.
“Es importante recordar que vivimos en un Estado de derecho en donde existen los tribunales constitucionales cuya única función es la de delimitar el alcance de las funciones de todos los demás poderes para que no trastoquen el derecho superior”, advirtió
Recordó que la Corte no dejó mucho espacio para la discusión y dejó muy claro que los congresos locales tenemos la facultad de autodeterminar nuestra función, pero siempre respetando ese cerco normativo que se llama derecho constitucional, aludiendo al jurista Luigi Ferrajoli.
El diputado sostuvo que el historial de revocaciones por parte de la SCJN demuestra que es indispensable fortalecer de manera urgente el conocimiento sobre las atribuciones reales del Congreso de Quintana Roo.
Y pidió robustecer el análisis técnico de las propuestas legislativas es la única vía para reducir los errores parlamentarios, brindar certeza jurídica a la ciudadanía y evitar futuros señalamientos de inconstitucionalidad.
El legislador, de profesión abogado, subrayó que las observaciones de los ministros de la SCJN evidencian fallas recurrentes en el diseño normativo de la legislatura.
Entre las resoluciones e impugnaciones más destacadas dictadas en contra del Congreso local están la Reforma al Poder Judicial del Estado (AI 159/2024).
El Pleno de la Corte invalidó porciones de la Ley Orgánica y de la Constitución del estado, dejando sin efecto el requisito restrictivo de ser “quintanarroense” para ocupar la Rectoría de la Universidad Judicial del Estado, además de anular diversos artículos transitorios por violar el debido proceso.
Delito de Uso de Bienes de Procedencia Ilícita (AI 113/2025); en abril de 2025, el Pleno de la SCJN invalidó en su totalidad el artículo 234 Ter del Código Penal de Quintana Roo.
El tribunal determinó que la redacción adolecía de una “notable vaguedad conceptual” que vulneraba la seguridad jurídica de los ciudadanos y permitía arbitrariedades.
Reformas de Protección Ambiental y Desarrollo Urbano (AI 102/2025). También en abril de 2025, la Corte invalidó modificaciones estatales a las leyes de Protección al Ambiente y de Asentamientos Humanos.
El fallo determinó que el Congreso del Estado incurrió en una invasión de atribuciones a la autonomía de los municipios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico.
Impugnaciones en la Ley del Notariado: el Máximo Tribunal ha invalidado de manera histórica diversas porciones normativas de esta ley local por imponer requisitos discriminatorios para obtener patentes notariales, tales como límites de edad estrictos o la exigencia exclusiva de nacimiento en el territorio sin justificación constitucional.
