- Varios jueces y tribunales han concedido suspensiones, al ser profesionistas independientes, no servidores públicos que deban someterse a este tipo de escrutinio.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió a los jueces federales suspender la nueva obligación de los agentes aduanales de presentar al gobierno una declaración patrimonial.
Esta declaración es el aspecto más polémico de la reforma de 2025 a la Ley Aduanera, y varios jueces y tribunales han concedido suspensiones a los agentes en todo el país, ya que son profesionistas independientes, no servidores públicos que deban someterse a este tipo de escrutinio.
Por unanimidad, la Corte resolvió que, en adelante, estas suspensiones ya no se podrán conceder, porque se afecta el interés público en prevenir la corrupción en las aduanas y delitos como el contrabando y fraude fiscal.
“Las agentes referidas cuentan con una patente otorgada por el estado. La actuación de tales personas atiende a una actividad que legalmente requiere autorización, en aras de proteger los intereses de la sociedad.
“Es decir, el servicio que desempeñan los agentes aduanales, al ser una actividad privada de interés público, debe sujetarse a una estricta reglamentación y vigilancia estatal”, se lee en la sentencia.
“De conceder la suspensión provisional contra el sistema normativo que regula la obligación relativa a que la persona agente aduanal declare anualmente su evolución patrimonial, se impediría y obstaculizaría que la autoridad competente requiera, obtenga o disemine información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La Corte resolvió una contradicción entre tribunales colegiados. La nueva jurisprudencia no revoca las suspensiones ya concedidas.
El tema solo era la procedencia de suspender la declaración patrimonial, no la Constitucionalidad de este requisito, que será analizada posteriormente.
Sin embargo, la votación de hoy indica que, llegado el momento, la Corte seguramente avalará esta obligación, con lo que se negarían los amparos y las suspensiones ya otorgadas quedarían sin efectos.
La ministra Lenia Batres detalló que, solo en enero y febrero, hubo 3.3 millones de operaciones de comercio exterior, con 1.6 millones de pedimentos de exportación e importación, que son elaborados precisamente por los agentes aduanales como representantes de las empresas que realizan dichas operaciones.
Los agentes alegan que obligarlos a presentar esta declaración viola el artículo 108 de la Constitución, que solo la ordena para los servidores públicos mencionados en dicha norma.
Al menos 40 agencias aduanales litigaban amparos contra esta reforma, solo en la Ciudad de México, mientras que cientos más lo hacían ante juzgados federales del resto del país.
La declaración patrimonial es sólo una de varias nuevas obligaciones que han provocado amparos, entre ellas, expedientes detallados que debe integrar el agente sobre sus propios empleados y sobre las personas o empresas que soliciten sus servicios, incluidas fotografías de sus instalaciones.
“La responsabilidad solidaria de los agentes por impuestos que se omitan en las operaciones, y responsabilidades adicionales de los almacenes de depósito.
