- Diecisiete alcaldes exigieron al Gobierno estatal el pago de adeudos que, aseguran, afectan el funcionamiento de sus municipios.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Argumentando que los adeudos que tiene el gobierno del estado con ellos afectan el funcionamiento de los municipios, 17 alcaldes incluyendo el área metropolitana y la zona rural, entregaron en Palacio de Gobierno un requerimiento formal solicitando que les depositen.
El alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la entrega del oficio, que se llevó a la oficialía de partes del segundo piso de Palacio de Gobierno, dirigido al gobernador Samuel García.
Los alcaldes reclamaron que el estado les debe mil 700 millones de pesos en conjunto de distintos fondos, además de los derechos y multas que recauda el Instituto de Control Vehicular (ICV) y que no les han transferido a los municipios.
“Venimos a dejar un escrito porque estamos haciendo una exigencia al gobernador del estado, respetuosa pero firme. En el sentido de que se depositen aportaciones, fondos estatales que no han llegado a los municipios, inclusive también las multas que cobra el Instituto de Control Vehicular”, dijo De la Garza.
Detalló que algunos de los adeudos a los municipios son desde el 2022 y hasta este año, estiman que en total esos adeudos sumarían los mil 700 millones de pesos.
“En 2025 se hizo un acuerdo para que el estado pidiera deuda para pagar a los municipios, se hizo el pago correspondiente al 2025 pero lo compensaron en 2026 otra vez debiéndose a los municipios”, dijo el alcalde regio.
Acusaron también a Ulises Carlin, actual encargado de despacho de la Tesorería del Estado, de ‘chantajear’ a los tesoreros municipales por condicionar los pagos hasta que la Auditoría Superior del Estado (ASE), actualmente controlada por el PRI y el PAN, no dé su opinión favorable para contratar créditos ante Hacienda.
“El encargado de despacho como encargado de despacho tiene suficientes derechos y obligaciones para poder hacer transferencias de dinero y cumplir con la ley, no es pretexto.
“Porque ha dicho a través de diferentes comunicaciones sobre todo telefónicas con los tesoreros de los municipios, el encargado de despacho les dice que mientras la auditoría del estado no firme el documento que él quiere no va a depositar a los municipios y esto es una extorsión”.
Los quejosos advirtieron que este requerimiento que entregaron es el inicio de una vía legal que seguirán hasta que el estado les deposite los adeudos correspondientes.
“Es el inicio de acciones administrativas, financieras, penales inclusive, que pudieran derivar por incumplimiento del pago en estos recursos en favor de los ciudadanos que son del estado de Nuevo León y de los diferentes municipios”, indicó el priista.
