- Organizaciones civiles exigieron a jueces y magistrados aplicar una perspectiva garantista y empática alineada con el espíritu de la reforma judicial.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La abogada Ariadne Song advirtió sobre la necesidad de reestructurar los criterios procesales y la impartición de justicia en la entidad, de manera prioritaria en aquellos expedientes que carecen de elementos de prueba contundentes en contra de las personas privadas de la libertad.
La representante legal de agrupaciones civiles como “No más presos inocentes” y “Proyecto Inocencia Quintana Roo”, detalló el universo de imputados por presunta violencia familiar y delitos conexos.
Expuso que de un volumen aproximado de dos mil 300 solicitudes de auxilio legal recibidas, más de 60 por ciento deben ser desestimadas debido a la falta de solvencia económica de los acusados o al abandono definitivo por parte de sus redes familiares.
Ariadne Song explicó que las personas procesadas enfrentan deficiencias estructurales en el sistema de justicia penal, caracterizadas por la fabricación de denuncias falsas y el sesgo institucional.
A este escenario se suma la criminalización de la pobreza, dado que quienes carecen de capacidad financiera no pueden costear los peritajes independientes requeridos para acreditar su inocencia.
Quedan expuestos a una defensa pública con escasa iniciativa para solicitar actos de investigación o aportar pruebas de descargo.
A la precariedad económica se añade el aislamiento afectivo e institucional que sufren los imputados una vez que se les dicta la medida cautelar de prisión preventiva y son ingresados a un centro penitenciario.
La activista de estas asociaciones que tienen como rubro prioritario de atención estos casos, señaló que este factor frena la operatividad de los defensores particulares o de las asociaciones que trabajan bajo el esquema pro bono.
Incluso en los casos donde la representación jurídica no genera costos de honorarios, la ausencia de familiares que funjan como enlace de comunicación y gestión dificulta la recopilación de testimonios o la integración de la carpeta de pruebas.
La abogada expuso que este aislamiento se acentúa en el caso de las mujeres internas, quienes sufren un estigma social y un abandono más severo tras su detención.
“Cuando caes en el Cereso hay un abandono, una doble revictimización; tu familia te abandona, sobre todo si eres mujer.
“Si no tienes al menos a alguien que vaya a ver al abogado, que recopile las pruebas, que te visite o mantenga contacto, el trabajo del defensor se vuelve insostenible.
“Sin un vínculo de comunicación externo, la estrategia de defensa se paraliza”, enfatizó Ariadne Song.
Adicionalmente, los colectivos denunciaron que los internos deben lidiar con presiones mediáticas, afectaciones emocionales y presuntas redes de corrupción al interior de los penales que condicionan el acceso a servicios básicos dentro de los centros de reinserción.
Ante este panorama, las organizaciones civiles exigieron a jueces y magistrados aplicar una perspectiva garantista y empática alineada con el espíritu de la reforma judicial, superando las resoluciones basadas en formulismos legales.
Demandaron que las personas vinculadas a proceso que no hayan sido detenidas en flagrancia y que no representen un riesgo acreditado para las víctimas o la sociedad puedan enfrentar sus juicios en libertad.
La representación legal de los colectivos hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para erradicar malas prácticas en la integración de carpetas de investigación y reorientar sus capacidades institucionales hacia la persecución de los verdaderos generadores de violencia en Quintana Roo.
