POR KUKULKAN
AL FIN llegó el día: la nueva Suprema Corte —esa que muchos juraban “domable”, “previsible”, “controlada”— decidió mostrar los colmillos. Y vaya que mordió. No a cualquiera, no: al conglomerado económico que durante años convirtió al litigio fiscal en deporte olímpico y a la impugnación judicial en pasatiempo corporativo. Grupo Salinas aprendió este jueves que hasta la tolerancia institucional tiene un límite.
EL EPISODIO estelar del día fue el recurso de reclamación 544/2024, la joya de la corona, la pieza más codiciada del rompecabezas fiscal que el SAT le armó a Grupo Elektra desde hace más de una década. Nada menos que 33 mil millones de pesos —sí, con treintaitrés, tres ceros y otros tantos ceros más— por un crédito fiscal derivado del difunto régimen de consolidación fiscal. Un régimen que tantas alegrías dio a las grandes empresas… hasta que dejó de existir y fue momento de ajustar cuentas con el presente.
ELEKTRA llevaba años alegando que la autoridad se había excedido, que las reglas eran confusas, que el SAT notificaba mal, que los criterios cambiaban, que el cielo era azul pero debería ser verde. En fin: el catálogo completo de argumentos que los tribunales escuchan cuando una empresa intenta convertir un adeudo fiscal en un asunto filosófico.
PERO esta vez la Corte dijo no. Y lo dijo con una contundencia quirúrgica: unanimidad.
LOS MINISTROS, en voz del ponente del asunto estelar, Arístides Guerrero García, explicaron algo muy sencillo: “Señores, esto ya lo había resuelto el Poder Judicial anterior. No vamos a repetir la clase.” Las reglas de la Miscelánea Fiscal, constitucionales. La valoración de la prueba pericial, constitucional. El esquema de salida del régimen de consolidación fiscal, constitucional. El recurso de revocación, constitucional. Y así, como ficha de dominó que cae sin siquiera hacer ruido, todo el edificio argumental de Elektra se vino abajo.
QUIZÁ lo que no esperaban en el corporativo es que este caso fuera el inicio de una avalancha. Porque la Corte decidió aprovechar la vuelta para poner orden en el resto de los expedientes que desde hace años se habían empolvado en los estantes judiciales por obra y gracia del litigio interminable. Y entonces vino la cascada: tres impedimentos, tres recursos de reclamación y cuatro amparos en revisión, todos votados uno por uno, y todos por unanimidad, como si los ministros quisieran dejar claro que los tiempos de la ambigüedad habían terminado.
DESPUÉS del golpe mayor por los 33 mil millones, siguieron los otros pendientes del menú fiscal: 5654/2024 por 1,431 millones del ejercicio 2008; 5608/2025 por 2,004 millones del ejercicio 2010; 5145/2025 por 1,603 millones del ejercicio 2012; 5731/2025 por 2,447 millones del ejercicio 2009. Y para el postre, los recursos de reclamación 547/2025 y 566/2025, por 4,916 millones y 2,615 millones, respectivamente, todos del amplio historial del Grupo Elektra.
LA SUMA final del festín judicial ronda los 48 mil millones de pesos, que ahora se vuelven, oficialmente, un pendiente sin más rutas de escape. Pero lo más jugoso no es la cifra —que en cualquier otro país sería suficiente para desatar terremotos— sino el mensaje político y judicial. Por años, Grupo Salinas se presentó como víctima, como David frente a un Goliat recaudador; como un patriota fiscal enfrentado a un sistema que, decían, “extorsiona” a los empresarios productivos.
HOY, la Corte le respondió con algo más que una sentencia: le respondió con un “hasta aquí”. Y en el fondo, este jueves representó mucho más que el desenlace de un litigio. Representó el regreso del Poder Judicial a una postura incómoda para quienes están acostumbrados a navegar entre lagunas legales: la postura de marcar límites. Un Poder Judicial que, al menos por un día, dejó de ser árbitro silencioso y se convirtió en un golpe de realidad de que las instituciones también tienen memoria… y dientes.
ENTRE explicaciones técnicas, votos unánimes y resoluciones encadenadas, así la Corte hizo lo que muchos pensaban improbable: cerró la puerta a la estrategia corporativa más longeva del Grupo Salinas y dejó firme —por fin— la montaña fiscal que el SAT venía empujando desde 2015. Queda para la historia un día que, aunque parezca rutinario en lenguaje jurídico, fue cualquier cosa menos común: un jueves en que la Corte decidió que el Nido de Víboras fiscal también puede tener domadores.
