Zósimo Camacho
Mientras grandes empresarios y políticos de todos los partidos repiten como un mantra la “necesidad” de más infraestructura hídrica, en Zacatecas se libra una batalla silenciosa y decisiva por el futuro del agua. Un libro reciente, Hidroextractivismo en la región centro de Zacatecas, la presa Milpillas y las alternativas (UAZ, 2025), desnuda con datos crudos la verdadera crisis: no es de escasez, sino de saqueo legalizado.
En un contexto de estrés hídrico creciente y de conflictos socioambientales en México, el libro surge como una contribución rigurosa y necesaria para comprender las dinámicas de poder, explotación y resistencia en torno al agua. Los autores, Darcy Tetreault y Elvira Ivonne Muñoz Morales, articulan un análisis profundo que combina teoría crítica, evidencia empírica y una clara postura ética frente a la justicia hídrica.
Los números son elocuentes… y perturbadores. En la región centro del estado, el 88 por ciento del agua concesionada se destina a la agricultura, gran parte de ella para cultivos de exportación como ajo, alfalfa y cebada cervecera. Mientras, el sector público urbano recibe sólo el 9 por ciento. Pero el reparto desigual es apenas una parte del drama. La calidad del agua que llega a los hogares raya en lo criminal: el 70 por ciento del líquido que consume la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe proviene de acuíferos (Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos) contaminados con flúor, arsénico y metales pesados por encima de la norma. Es un envenenamiento lento y, hasta ahora, tolerado por el Estado.
¿Quiénes se llevan el agua limpia? Un puñado de actores. Basta con señalar que Grupo Modelo (AB InBev) tiene concesiones para extraer casi 14 millones de metros cúbicos al año del acuífero Calera, el de mejor calidad. Eso es casi el doble de lo que se destina a abastecer toda la zona metropolitana. Es decir, México está exportando gran parte de la mejor agua de Zacatecas en forma de cerveza y hortalizas, mientras miles de familias reciben agua tóxica en tandeos cada vez más espaciados.
El diagnóstico llega al detalle de demostrar la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación por metales pesados, la creación de un mercado negro de concesiones y una distribución desigual que prioriza a la industria y la agricultura de exportación sobre el consumo humano.
Este despojo es posible gracias a un sistema podrido de “corrupción institucionalizada”. Existe un mercado negro de concesiones donde el agua subterránea se compra y vende, con precios que en el acuífero Calera oscilan entre 5 y 15 pesos por metro cúbico, en transacciones opacas y libres de impuestos. La autoridad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con sólo seis inspectores para todo el estado, es cómplice por omisión. Tardaría 194 años en revisar todas las concesiones.
Ante este colapso anunciado, la “solución” oficial es la presa Milpillas, un megaproyecto de casi 9 mil millones de pesos. Sin embargo, el estudio es demoledor: la presa aportaría 41 millones de metros cúbicos (m³) al año, frente a un déficit hídrico regional de 262 millones de m³. Es decir, ni siquiera cubriría una quinta parte del problema. Su verdadero objetivo no es resolver la crisis, sino mercantilizar aún más el agua para consumo urbano, dejando en manos privadas el acueducto y su distribución, mientras se desvía el líquido de uno de los municipios más pobres del estado, Jiménez del Teul.
Frente al “camino duro” de las megaobras, los autores – Darcy Tetreault y Elvira Ivonne Muñoz Morales– proponen el “camino suave del agua”: un conjunto de alternativas reales, más baratas y eficaces. Incluyen: 1) medidores obligatorios y cobro volumétrico para los grandes usuarios, 2) reconversión agrícola hacia cultivos que consuman menos agua, lo que por sí solo podría ahorrar 88 millones de m³ al año (el doble de lo que promete Milpillas, 3) reparar las fugas en la red urbana, que pierde el 40 por ciento del agua, 4) priorizar el agua limpia del acuífero Calera para consumo humano, y 5) participación ciudadana vinculante en la gestión.
Este libro es una obra de referencia para quienes estudian conflictos hídricos, ecología política y justicia ambiental en México. Destaca por su sólida base teórica, su metodología interdisciplinaria y su compromiso con las comunidades afectadas. No se limita a la crítica. Ofrece alternativas concretas y viables, ancladas en la participación comunitaria y la soberanía hídrica.
Su publicación en 2025 lo convierte en un texto urgente y relevante, especialmente en un escenario donde proyectos como Milpillas siguen en la agenda pública. Tetreault es ingeniero mecánico por la Universidad de Saskatchewan, maestro en Estudios de Desarrollo por la Saint Mary’s University y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel III. Muñoz Morales es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Zacatecas, maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por El Colegio de San Luis y doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La obra cuestiona, sin proponérselo, la nueva legislación del agua en México. El paquete de leyes recién aprobado resulta totalmente insuficiente para erradicar el problema que viven regiones con estrés hídrico y donde los cuerpos de agua están ya en manos de grandes empresas.
La disyuntiva es clara. Podemos seguir apostando por el modelo fracasado del hidroextractivismo, que beneficia a cerveceras y agroexportadoras mientras envenena a la población, o podemos elegir la justicia hídrica. Zacatecas no necesita otra presa que perpetúe el despojo; necesita coraje político para redistribuir, controlar y cuidar el agua que ya tiene. La sed que padece no es de recursos, es de equidad.
