POR KUKULKAN
DENTRO de la política local mexicana hay una regla no escrita que muchos dan por constitucional: el pez grande se come al chico. El gobernador se come al municipio, el Congreso se come al ayuntamiento y, si se puede, el Ejecutivo se come a todos. Campeche parecía otro capítulo de ese manual no oficial hasta que la Suprema Corte decidió meter el anzuelo donde nadie la invitó… y romper la cadena alimenticia.
LA HISTORIA es conocida en los pasillos del poder campechano. El gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores, impulsó una reforma a la Ley de Obras Públicas con una lógica simple: crear la categoría de “obra pública de interés estatal de gran impacto” y, bajo ese paraguas, saltarse los permisos municipales. Traducido al español llano: yo decido qué se construye, dónde y cuándo, sin pedirle permiso al ayuntamiento. El pez grande haciendo lo que sabe hacer.
GOBERNADO por Biby Karen Ravelo de la Torre, de Movimiento Ciudadano, el municipio de Campeche no tragó el anzuelo. Lo que para el Estado era “agilidad administrativa”, para el ayuntamiento era un despojo directo de facultades constitucionales. Así que la pelea local se mudó al único acuario donde los peces grandes también pueden quedarse sin dientes: la Suprema Corte.
Y AHÍ OCURRIÓ lo impensable para quienes creen que el poder siempre gana por inercia. La Corte dijo no. No al artículo 14 Bis. No al transitorio que obligaba a los municipios a alinearse. No a la idea de que una etiqueta legislativa puede borrar de un plumazo la autonomía municipal prevista en el artículo 115 constitucional. En términos sencillos: el pez grande quiso comerse al chico… y terminó escupido.
NO SÓLO el resultado es interesante, sino el mensaje. La Corte fue clara: definir qué es una obra de “gran impacto” puede ser válido, pero usar esa definición como llave para excluir a los municipios del otorgamiento de licencias de construcción es inconstitucional. No es coordinación, es sustitución. No es orden, es abuso.
AQUÍ ES donde el caso se vuelve incómodo para todos. Para el oficialismo, porque la narrativa de que “todo se hace por el bien del pueblo” se estrella contra una sentencia que habla de centralización indebida. Y para la derecha profesional del grito fácil, porque el fallo desmonta otro de sus dogmas favoritos: que la Suprema Corte es una oficina alterna de la Cuarta Transformación.
RESULTA curioso. Cuando la Corte valida reformas del Ejecutivo federal, es “el último bastión del autoritarismo”. Cuando frena a un gobierno estatal morenista en favor de un municipio gobernado por la oposición, de pronto el silencio es ensordecedor. No hay comunicados furiosos, no hay hilos indignados, no hay expertos improvisados hablando de “activismo judicial”.
LA REALIDAD es menos cómoda y mucho más aburrida para los fanáticos: la Corte no está jugando para ningún equipo. Está aplicando la Constitución. A veces eso beneficia a Morena, a veces a Movimiento Ciudadano, a veces al PAN, y otras tantas deja a todos mal parados. Pero esa es justamente su función, aunque a muchos les incomode cuando el fallo no coincide con su prejuicio ideológico del día.
EL FALLO en Campeche exhibe dos cosas. Primero, que el abuso de poder no siempre se presenta con botas y tanques; a veces viene envuelto en decretos, transitorios y conceptos administrativos con nombres rimbombantes. Segundo, que el federalismo mexicano sigue siendo un campo minado donde el pez grande intenta, una y otra vez, tragarse al chico con el argumento de la “eficiencia”.
ESTA VEZ no pudo. Y no porque el municipio sea más fuerte, sino porque la Constitución todavía sirve para algo cuando alguien decide usarla. Así que no, la Corte no “sirvió” a la 4T ni le “hizo el favor” a la oposición. Hizo algo mucho más peligroso para el poder: recordó que hay límites. Y en un país donde el poder está acostumbrado a comerse todo lo que se mueve, que alguien le diga hasta aquí siempre será una mala noticia… para el pez grande.
