- La periodista María Fernanda de Luna Ferral, directora del portal Quinto Poder de Veracruz, manifestó su rechazo y preocupación tras el retiro de las medidas de protección que le asignaba el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.-La periodista María Fernanda de Luna Ferral, directora del portal Quinto Poder de Veracruz e hija de la comunicadora María Elena Ferral, manifestó su rechazo y preocupación tras el retiro, el pasado fin de semana, de las medidas de protección que le asignaba el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La decisión tomada por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) y confirmada por la gobernadora Rocío Nahle García en conferencia de prensa, ha generado alarma en el gremio periodístico y en organizaciones de derechos humanos.
Según la mandataria, las medidas tenían un tiempo de vigencia que, a su juicio, ya había vencido y por ello se procedió a retirarlas.
No obstante, expresó que no hay oposición por parte del gobierno estatal a que puedan ser solicitadas nuevamente y analizadas conforme al procedimiento correspondiente.
Para la periodista y defensora de la libertad de expresión, esta explicación no se ajusta a lo establecido por el instrumento de protección federal.
De Luna Ferral señaló que su plan de protección integral, emitido en diciembre de 2024, clasifica su nivel de riesgo como “alto” y contiene disposiciones claras: las medidas deben mantenerse hasta que la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal determine lo contrario tras un nuevo análisis de riesgo.
La comunicadora relató que recibió un oficio el viernes 20 de febrero en el que se le notificó la cancelación de sus escoltas –originalmente tres, de los cuales uno había sido retirado en 2024– y que con el movimiento más reciente quedó sin acompañamiento alguno.
“Me quitaron la seguridad de un día para otro; ahorita estoy en la indefensión total”, declaró.
De Luna Ferral ha denunciado que, desde el asesinato de su madre en marzo de 2020 –hecho que conmocionó al gremio periodístico nacional y por el que existen órdenes de aprehensión pendientes– ha enfrentado amenazas y un atentado previo, todos debidamente reportados ante autoridades competentes.
Ante este contexto, la periodista anunció que promoverá un amparo indirecto para exigir el restablecimiento de sus medidas de protección y responsabilizó directamente al gobierno estatal por cualquier riesgo a su integridad que pueda derivarse de la actual situación.
“Si a mí me pasa algo, es culpa del gobierno del estado”, sostuvo.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre la seguridad de las y los periodistas en Veracruz, entidad que ha vivido históricamente uno de los entornos más hostiles para la labor informativa en el país, con múltiples agresiones y homicidios de comunicadores en años recientes.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas establece que la evaluación de riesgos y la decisión sobre medidas de protección corresponden al Mecanismo Federal, que debe basarse en análisis técnicos y decisiones colegiadas.
Organismos nacionales e internacionales han enfatizado que la defensa del ejercicio periodístico requiere de mecanismos de protección eficaces y respetados por todas las autoridades para garantizar el derecho a la libertad de expresión y la integridad de quienes ejercen esta labor en contextos de violencia.
