- La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los Estados deben supervisar y rastrear armas para frenar el tráfico ilegal.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- En respuesta a una solicitud formulada por México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) consideró que existe un deber de “debida diligencia estatal” en materia de combate al tráfico ilícito de armas, que incluyen supervisión de fabricantes y mecanismos para rastreo.
En su Opinión Consultiva 30, difundida ayer, el organismo subrayó el impacto del tráfico ilícito de armas en la violencia y la criminalidad que, apuntó, repercuten a su vez en el goce de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana y otros instrumentos internacionales.
Indicó que la debida diligencia estatal implica los deberes de fiscalizar y supervisar las actividades empresariales, de garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos ligadas al tráfico de armas y de cooperación internacional.
“La Corte detalló una serie de medidas que deben tomar los Estados en su ordenamiento para evitar el tráfico ilícito de armas, con el fin último de prevenir violaciones de derechos humanos.
“En primer lugar, deben garantizar que, al momento de su fabricación, toda arma debe llevar una marca única que permita identificarla. Asimismo, deben tomar medidas que permitan su rastreo en todo momento, para prevenir su desviación y facilitar la investigación de crímenes perpetrados con ellas”, estableció el resumen oficial de la opinión consultiva.
“En particular”, añadió, “los Estados deben mantener la información relacionada con la fabricación, localización y transferencias de armas de fuego, así como la información sobre su confiscación o decomiso”.
Por otra parte, planteó, los Estados deben llevar a cabo procesos de evaluación de riesgos para prever la posibilidad de que las importaciones o exportaciones de armas puedan provocar diversas consecuencias negativas como el socavamiento de la paz y la seguridad, en particular cuando afecten poblaciones especialmente vulnerables como las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En caso de existir tales riesgos, remarcó, deben negar todas las exportaciones.
Además, señaló, los Estados deben establecer medidas de seguridad y de gestión de arsenales estatales y de armas decomisadas, con el fin de evitar su desvío hacia el tráfico ilícito.
“Por otra parte, la Corte estableció que los Estados deben fiscalizar y supervisar que las empresas de armas cumplan con la regulación sobre tráfico de armas y con el deber de compliance (cumplimiento normativo) en materia de protección de los derechos humanos”, apuntó.
“La debida diligencia de las empresas comercializadoras de armas debe estar orientada a evitar que las armas que comercialicen se desvíen al mercado ilegal, de forma tal que puedan ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos”.
México solicitó la opinión de CoIDH en noviembre de 2022, en el contexto de sus esfuerzos por lograr que EU asuma un mayor control sobre el tráfico de armas.
