José Réyez
La guerra contra el fentanilo ha generado titulares monumentales: incautaciones récord, extradiciones masivas, aranceles cruzados y amenazas de designaciones terroristas.
Pero hay una historia que casi nunca se cuenta, y quizá sea la más incómoda para los gobiernos de México y Estados Unidos: el fentanilo no se ha expandido por todo el país como una marea imparable.
En algunas ciudades de la frontera norte, el mercado local de este opioide sintético está, de hecho, contenido. Y la razón principal no es la acción del Estado, sino la decisión expresa de los propios grupos criminales.
Un informe reciente de InSight Crime Reglas locales, lecciones globales: cómo la gobernanza criminal moldea los mercados de fentanilo en la frontera norte de México, basado en más de 160 entrevistas y trabajo de campo en cinco ciudades fronterizas, revela un panorama que desmiente las narrativas simplistas.
El fentanilo llegó a México alrededor de 2016, pero su arraigo ha sido profundamente desigual. En Tijuana y Mexicali, Baja California, se integró por completo al consumo cotidiano, a menudo mezclado con heroína, generando oleadas de sobredosis.
En cambio, en Nogales y Hermosillo, Sonora, su presencia es limitada y opera en nichos clandestinos. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, prácticamente se vende bajo cuerda, con un riesgo altísimo para quien lo ofrezca abiertamente.
¿A qué se debe esta diferencia? No a la demanda, ni a la cercanía con Estados Unidos, ni a campañas de concientización. La variable clave es una que los discursos oficiales suelen omitir: la gobernanza criminal.
Los grupos del crimen organizado no son entes homogéneos obsesionados con inundar de droga cada rincón. Son estructuras fragmentadas, con lógicas locales, que toman decisiones estratégicas sobre qué sustancias se venden, en qué formato, a qué precio y, sobre todo, si se venden.
En Mexicali, los Rusos –una facción del Cartel de Sinaloa– impusieron un monopolio estricto. Ellos decidieron que el fentanilo sólo se comercializaría mezclado con heroína negra y prohibieron las codiciadas pastillas M30.
En Tijuana, un oligopolio violento de varias facciones dividió la ciudad por zonas, concentrando el fentanilo en ciertos barrios y la metanfetamina en otros.
En cambio, en Ciudad Juárez, el grupo dominante, La Línea, ha impuesto una prohibición criminal total. Vender fentanilo allí no sólo está mal visto: es una sentencia.
La razón es práctica: permitir esa droga sería interpretado como una señal de alianza con el Cartel de Sinaloa, su rival. El narco, pues, también pone reglas para evitar escaladas de violencia o para no “calentar la plaza”.
Esta realidad tiene consecuencias profundas. La primera es que el Estado mexicano –federal, estatal y municipal– ha sido un actor secundario, cuando no ausente.
Los datos oficiales sobre sobredosis son un desastre: en la mayoría de las ciudades ni siquiera se hacen pruebas toxicológicas para detectar fentanilo en cadáveres.
La respuesta de salud pública ha sido paupérrima: la metadona escasea, la buprenorfina ni siquiera está autorizada para tratar adicciones, y la naloxona –el antídoto que revierte sobredosis– es considerada legalmente como una sustancia psicotrópica, por lo que su distribución masiva es casi imposible.
En ese vacío, las organizaciones civiles de reducción de daños se han convertido en la única red de contención. Son ellas las que reparten naloxona, intercambian jeringas y generan la única inteligencia confiable sobre lo que realmente circula en la calle.
La segunda consecuencia es geopolítica. Durante años, el discurso oficial en México, encabezado por el expresidente López Obrador, negó que hubiera consumo de fentanilo en el país.
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ha girado hacia una estrategia de alta presión –decomisos, detenciones, extradiciones– que ha sido celebrada por Estados Unidos.
Pero el informe de InSight Crime sugiere que estas disrupciones tienen efectos desiguales. En mercados criminales consolidados como Tijuana, el flujo de fentanilo se mantiene estable.
En mercados más frágiles como Nogales o Hermosillo, la violencia entre facciones y las detenciones generan escasez temporal, pero no necesariamente desarticulan las redes.
La lección para el mundo es clara. Mientras los gobiernos se obsesionan con incautaciones y retórica bélica, el verdadero motor de los mercados de opioides sintéticos está en las reglas que impone el crimen organizado a nivel local.
Comprender esas reglas –quién controla qué calle, qué drogas prohíbe y cuáles tolera– es más útil para prevenir una crisis sanitaria que cualquier campaña mediática.
En México, como en otras latitudes, la guerra contra las drogas ha fracasado en su versión uniforme. Quizá sea hora de reconocer que, para contener al fentanilo, primero hay que entender que el narco también sabe decir “no”.
