- Acusan a la cadena hotelera de folclorizar (distorsionar) la cultura maya, bajo la lógica del turismo masivo, donde las expresiones culturales se transforman en productos de consumo para hacer negocio.
EUGENIO PACHECO
CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- Representantes de comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto rechazaron el convenio firmado entre Xcaret y el Gran Consejo Maya, al asegurar que no fueron consultados y que dicho organismo no representa a la mayoría de los pueblos originarios. Acusan que un grupo reducido ha utilizado esa representación con fines de negocio, lo que ha generado una ruptura interna y cuestionamientos sobre la legitimidad de los acuerdos alcanzados con la empresa turística.
Alfaro Yam, descendiente de combatiente maya y escritor, fue contundente al deslindarse de ese acuerdo y señalar que no refleja la voluntad colectiva: “El Gran Consejo Maya no representa todas las voces, no representan todas las comunidades indígenas… representan a un reducido grupo que ha manejado este tema como negocio”.
Además, acusó que este tipo de liderazgos han operado históricamente alineados al poder político: “Están al servicio del poder en turno… así estuvieron con el PRI, con Carlos Joaquín y ahora con Morena”. Desde su perspectiva, el problema no es solo el convenio en sí, sino que el Estado ha validado interlocutores que no representan realmente a las comunidades.
En este contexto, también reconoció que, aunque la resolución de la Suprema Corte marca un precedente importante, los pueblos indígenas aún enfrentan retos para ejercer plenamente sus derechos: “Los pueblos indígenas son sujetos de derecho público… esto nos faculta para proteger nuestra cultura… pero esto lo tenemos que practicar”. Señala que estos derechos son recientes y que aún falta organización y conocimiento para hacerlos efectivos en la vida cotidiana.
Yam también puso sobre la mesa la necesidad de revisar el origen de las concesiones del parque acuático otorgadas a Xcaret, al considerar que podrían existir irregularidades: “Hay que preguntar cómo obtuvieron la concesión… a lo mejor está totalmente viciada”. Incluso planteó que el Estado podría intervenir si se detectan anomalías: “El Estado puede retirar esa concesión, como muchos otros monopolios que se dieron en la época neoliberal”.
A su juicio, el conflicto actual también evidencia el desconocimiento de la empresa sobre el marco legal indígena: “Desconocen totalmente el tema indígena… la reforma al artículo segundo, la ley de protección del patrimonio, el convenio 169 de la OIT”.
Por su parte, el artista plástico Marcelo Jiménez centró el debate en un concepto poco mencionado públicamente: el patrimonio cultural inmaterial. Explicó que lo que está en disputa no son únicamente símbolos visibles, sino un conjunto de saberes y prácticas que dan sentido a la vida comunitaria: “Lo que está en discusión es el patrimonio cultural inmaterial… los saberes, conocimientos que se transmiten de generación en generación”.
Este patrimonio incluye expresiones como la gastronomía, la música, la medicina tradicional o las ceremonias, y cuenta con reconocimiento internacional, aunque muchas veces no se nombra como tal en el debate público.
Jiménez advirtió que existe una brecha importante, ya que ni las empresas ni muchas comunidades manejan estos conceptos en los mismos términos: “Las comunidades tampoco manejan ese término… hay que platicar mucho con ellas para que lo puedan plantear”. Esta falta de lenguaje común dificulta tanto la defensa legal como la comprensión del problema.
Uno de los puntos centrales de su análisis es la folklorización de la cultura maya, práctica que identifica como el núcleo del conflicto con Xcaret. “El folklore es algo que sacas de su contexto original… lo llevas a un escenario y lo estás folklorizando”, explicó. Este proceso, señaló, responde a la lógica del turismo masivo, donde las expresiones culturales se transforman en productos de consumo: “Se generan productos para el consumo del turismo… es un negocio”.
Aunque reconoció que las empresas buscan generar ingresos, advirtió sobre las consecuencias de esta dinámica: “La distorsión es una de las principales afectaciones”. En su opinión, no se trata solo de visibilidad cultural, sino de cómo esa cultura es reinterpretada y modificada para hacerla atractiva, perdiendo su significado original.
Finalmente, insistió en la necesidad de cambiar la relación entre el sector empresarial y las comunidades: “Hay que educar a los empresarios… para que reconozcan el valor de esas manifestaciones”. Para ilustrarlo, explicó que incluso elementos cotidianos tienen un profundo trasfondo cultural: “Una tortilla no es solo algo que se vende… es un producto biocultural”. Sin embargo, lamentó que ese valor no sea considerado: “Solo se ve como algo atractivo para el turista… no el valor patrimonial, sino el valor económico”.
Las voces coinciden en que el caso Xcaret no es un hecho aislado, sino un reflejo de tensiones más profundas sobre quién decide, quién representa y cómo se utiliza la cultura maya en un contexto donde, por primera vez, existen herramientas legales para defenderla, aunque aún falta camino para ejercerlas plenamente.
