- Aunque las campañas para las elecciones de 2027 aún se encuentran lejanas en el calendario electoral, la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego ya provocó una intensa actividad jurídica en diversos estados del país.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque las campañas para las elecciones de 2027 aún se encuentran lejanas en el calendario electoral, la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego ya provocó una intensa actividad jurídica en diversos estados del país.
A casi un año del inicio formal de la mayoría de los procesos electorales locales, pues faltan poco menos de 12 meses para la jornada electoral del primer domingo de junio de 2027, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) acumulan más de 80 denuncias, procedimientos y recursos relacionados con presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y posicionamiento indebido de aspirantes.
La cifra refleja el acelerado ritmo con el que políticos de distintos partidos han comenzado a recorrer territorios, colocar propaganda, organizar reuniones y medir fuerzas internas mucho antes de que la ley permita el arranque de las campañas.
El caso más visible se encuentra en Chihuahua, donde el Instituto Estatal Electoral, bajo control del PAN, ha recibido más de 20 denuncias relacionadas con la promoción de figuras políticas interesadas en la sucesión estatal.
Entre los expedientes más conocidos figura el de la senadora morenista Andrea Chávez, quien ha enfrentado medidas cautelares por la difusión de propaganda en bardas y lonas colocadas en distintos municipios del estado.
Una situación similar se registra en Nayarit, donde las autoridades electorales reportan más de 20 denuncias vinculadas con aspirantes que han comenzado a desplegar actividades de promoción política pese a que el proceso electoral aún no inicia formalmente.
En Baja California, la autoridad electoral contabiliza al menos 10 denuncias contra cuadros de Morena por presuntos actos anticipados y promoción personalizada.
Mientras tanto, en Tlaxcala se encuentran en trámite entre nueve y doce procedimientos relacionados principalmente con la actividad política del alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García, considerado uno de los aspirantes mejor posicionados para buscar la candidatura morenista al gobierno estatal.
Quintana Roo tampoco escapa al fenómeno. El Instituto Electoral local ha reportado un incremento sostenido de denuncias, al grado de recibir hasta cuatro procedimientos diarios en algunos periodos recientes.
Entre los casos que han derivado en medidas cautelares figura el de Rafael Marín Mollinedo, uno de los nombres que frecuentemente aparece en las encuestas sobre la sucesión estatal, a lo que él ha atribuido a una campaña en su contra de parte de sus adversarios políticos.
En Baja California Sur, el PAN presentó una denuncia contra 13 funcionarios públicos y contra Morena por presuntas acciones de promoción anticipada vinculadas con el proceso de 2027.
La judicialización temprana de la contienda también alcanza a Guerrero, donde ya existen denuncias por propaganda atribuida a aspirantes morenistas; a San Luis Potosí, donde el Consejo Estatal Electoral recibió señalamientos relacionados con Gerardo Sánchez Zumaya; y a Querétaro, donde el PRI denunció la colocación de bardas y espectaculares con contenido político.
Incluso en entidades donde los organismos electorales reportan pocas o ninguna denuncia formal, el ambiente preelectoral ya es evidente.
En Sonora, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral emitió llamados preventivos para que los actores políticos respeten los tiempos legales, mientras que en Sinaloa han surgido señalamientos relacionados con las aspiraciones de la senadora Imelda Castro y la diputada Graciela Domínguez, ambas interesadas en la gubernatura.
La aceleración de la competencia también puede observarse en el Congreso de la Unión.
Durante los últimos días, diversos legisladores solicitaron licencia para concentrarse en sus aspiraciones estatales. Entre ellos se encuentran Imelda Castro y Graciela Domínguez en Sinaloa; Lorenia Valles en Sonora; Raymundo Vázquez en Tlaxcala; Raúl Morón en Michoacán y Julieta Ramírez en Baja California.
A esta lista se suma previamente la senadora Andrea Chávez, quien dejó temporalmente su escaño para enfocar sus actividades en Chihuahua.
Lo que revelan estas cifras es que las denuncias por actos anticipados de campaña se han convertido en una herramienta de competencia entre aspirantes que buscan frenar en la mesa el crecimiento de sus adversarios o impedir que obtengan ventajas indebidas antes del arranque formal de los procesos.
Para las autoridades electorales, el reto será definir hasta dónde puede llegar la libertad de expresión de los actores políticos y en qué momento la promoción personal cruza la línea para convertirse en un acto electoral anticipado, sin que esté a discreción de las autoridades estatales en turno que controlan el organizó electoral.
Por ahora, cuando faltan casi dos años para que millones de mexicanos acudan a las urnas para renovar 17 gubernaturas, cientos de alcaldías, congresos locales y la Cámara de Diputados federal, la contienda ya dejó una primera cifra reveladora: más de 80 procedimientos electorales abiertos en distintos estados del país. Una señal de que la carrera por 2027 comenzó mucho antes de que la ley lo tuviera previsto.
