- Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió ayer al Congreso de Nuevo León resolver el juicio político contra el Gobernador emecista Samuel García.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió ayer al Congreso de Nuevo León resolver el juicio político contra el Gobernador emecista Samuel García por presuntos actos de corrupción, así como separarlo del cargo o inhabilitarlo para el servicio público.
La Ministra María Estela Ríos concedió una suspensión en la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo de Nuevo León a finales de junio para impugnar el procedimiento iniciado por denuncia de Morena por supuestos actos de peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.
“De no concederse (la suspensión) en los términos precisados se afectaría la continuidad en el ejercicio de las funciones de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, lo que podría generar un daño de difícil reparación frente a una sentencia estimatoria, pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”, afirmó la Ministra.
“Además, con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la Administración Pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su Titular”.
La suspensión estará vigente por tiempo indefinido, mientras la Corte analiza la legalidad de los actos que García imputa a la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal, lo que podría llevar varios meses.
Por su parte, el Congreso puede impugnar la suspensión mediante reclamación ante el Pleno de la Corte, pero es poco probable que dicho recurso prospere, pues hay múltiples precedentes de situaciones similares en los que se ha frenado la posible destitución de Gobernadores por juicios políticos.
La suspensión otorgada por la Ministra se suma a la que García obtuvo mediante una demanda de amparo a título personal ante una jueza federal de Monterrey, que la semana pasada ordenó a los diputados locales que “se abstengan de emitir el dictamen, resolución y/o acuerdo definitivo para que sea puesto a votación en el Pleno” del Congreso.
Esta suspensión -que será revisada por un tribunal colegiado- es más rigurosa que la concedida por la Ministra Ríos, que sí permite seguir adelante con las actuaciones del juicio político, pero sin emitir la resolución final.
