- La reforma judicial en Quintana Roo no sufrirá desestabilización ni invalidez en sus nombramientos actuales tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró la secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres Gómez.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La reforma judicial en Quintana Roo no sufrirá desestabilización ni invalidez en sus nombramientos actuales tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aclaró la secretaria de Gobierno del estado, Cristina Torres Gómez.
Precisó que la sentencia únicamente adelanta la fecha de elección por voto popular de la totalidad de los magistrados para el año 2028 y corrige los mecanismos de designación en los órganos internos del Poder Judicial.
La funcionaria explicó que el fondo de la resolución judicial federal no califica de “ilegal” ningún proceso previo ni remueve de sus cargos a los magistrados recientemente electos bajo el esquema anterior, entre ellos Heyden Cebada Rivas y Mercedes Castillo Carvajal.
El cambio sustancial radica en ajustar los plazos locales para alinearse con la prórroga de la reforma constitucional federal, la cual trasladó las elecciones judiciales pendientes del año 2027 al 2028.
Deberán someterse a elección de voto popular los dos magistrados mencionados y las y los titulares de los juzgados pendientes.
“Lo único que dice la Corte es que la elección que se tenía programada más adelante, adelántala al 2028, para que en ese año absolutamente todos quienes estén dentro del Poder Judicial hayan pasado por el proceso de elección. Eso es todo”, afirmó la secretaria de Gobierno.
Reiteró que la vida y el trabajo interno del tribunal local se mantienen sin afectaciones.
Además del calendario electoral, la funcionaria detalló que el Congreso del Estado deberá realizar modificaciones técnicas en las formas de elección de las dirigencias de los nuevos órganos judiciales, quedando estructuradas bajo tres esquemas distintos ratificados por la SCJN en su sentencia
Respecto al Tribunal de Disciplina Judicial, la presidencia corresponderá al integrante más votado por la ciudadanía, eliminando la opción de que sea elegido de forma interna.
Para el Órgano de Administración, la designación de quien lo encabece se definirá mediante un proceso de insaculación (sorteo).
Y en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Suprema Corte refrendó que la presidencia del tribunal sí podrá seguir siendo electa de manera interna entre sus propios magistrados integrantes.
Con estas precisiones, Gómez Torres indicó que la labor legislativa pendiente se limitará a adecuar las fechas del calendario electoral local e incorporar las tres modalidades específicas de designación para las presidencias de los organismos mencionados.
Garantizará la continuidad operativa y la transición al voto popular en los términos ordenados por el Máximo Tribunal del país.
