POR KUKULKAN
CADA VEZ que en México alguien pronuncia las palabras regular medios de comunicación, ocurre un fenómeno digno de estudio científico: una parte de la oposición entra en estado de alerta máxima, algunos comentaristas se declaran perseguidos antes de leer una sola coma de la iniciativa y las redes sociales se llenan de profecías sobre el inminente fin de la democracia.
PARECIERA que cualquier intento por establecer reglas para quienes informan equivale, automáticamente, a instalar una dictadura. Curioso. Mientras aquí algunos rasgan vestiduras, el resto del mundo democrático lleva años discutiendo exactamente el mismo tema, sin convertir cada reforma en un Apocalipsis institucional. Y no, México no inventó el debate.
ALEMANIA endureció mecanismos para combatir contenidos ilegales y exigir responsabilidades a las plataformas digitales. Francia estableció procedimientos judiciales para frenar información manifiestamente falsa durante procesos electorales. España fortaleció el derecho de rectificación y amplió su alcance hacia los nuevos actores digitales. Reino Unido mantiene una de las legislaciones sobre difamación más estrictas del mundo, donde publicar una mentira puede costar millones en indemnizaciones.
AUSTRALIA y Canadá cuentan con organismos reguladores, consejos de prensa y mecanismos para proteger a las audiencias. Ninguno de esos países dejó de ser democrático por ello. Al contrario. Lo que entendieron hace tiempo es algo bastante elemental: la libertad de expresión no significa libertad para mentir sin consecuencias.
CONVIENE recordar un detalle que algunos defensores de la “prensa libre” parecen olvidar con sorprendente frecuencia: todos los derechos tienen límites cuando invaden los derechos de terceros. La libertad de expresión convive con el derecho al honor, a la privacidad, a la reputación y a recibir información de calidad.
ESO NO lo inventó la llamada Cuarta Transformación. Lo establecen constituciones, tribunales internacionales y décadas de jurisprudencia en prácticamente todas las democracias consolidadas. Lo verdaderamente interesante del debate mexicano no es la existencia de los derechos de las audiencias. Es la reacción.
RESULTA difícil comprender por qué sectores que durante años defendieron regulaciones para bancos, farmacéuticas, empresas energéticas, telecomunicaciones y prácticamente cualquier actividad económica, descubren de pronto que toda regulación constituye una amenaza cuando toca a los ‘grandes’ medios de comunicación.
COMO si informar fuera la única actividad profesional que no debiera rendir cuentas. Nadie discute que una mala práctica médica tenga consecuencias. Nadie considera un atentado a la libertad empresarial que una fábrica sea sancionada por contaminar un río. Nadie acusa de dictadura al Estado porque existan normas para proteger consumidores.
PERO si se plantea que un medio distinga información de opinión, fortalezca mecanismos de rectificación o responda cuando difunde falsedades que dañan a una persona, entonces aparecen palabras grandilocuentes: censura, autoritarismo, totalitarismo. La hipérbole también parece formar parte del modelo de negocio.
POR SUPUESTO, los temores no son completamente infundados. Toda regulación debe diseñarse con enorme cuidado. Un regulador sin autonomía, conceptos jurídicos ambiguos o facultades excesivas pueden convertirse en herramientas de presión política. La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos para justificar la vigilancia ciudadana.
DESDE luego, una cosa es exigir instituciones independientes y otra muy distinta convertir cualquier intento de regulación en una cruzada épica por la libertad. La verdadera discusión no consiste en decidir si debe existir responsabilidad para quien desinforma deliberadamente. Esa conversación ya fue resuelta hace décadas en buena parte del mundo democrático.
LA DISCUSIÓN consiste en encontrar el equilibrio entre proteger la libertad editorial y garantizar que las audiencias no queden indefensas frente a campañas de mentira, difamación o manipulación. Y ahí es donde algunos actores parecen sentirse incómodos.
Durante años hubo quienes defendieron que el mercado resolvería todos los excesos informativos. Si un medio mentía, decían, el público simplemente dejaría de consumirlo.
LA REALIDAD digital ha demostrado exactamente lo contrario. Las noticias falsas generan millones de reproducciones, moldean elecciones, destruyen reputaciones y polarizan sociedades enteras antes de que aparezca la primera rectificación. Justo por eso las democracias comenzaron a actuar. No prohibiendo opiniones incómodas, sino fortaleciendo derechos de las audiencias, mecanismos de corrección y responsabilidades posteriores cuando el daño ya está hecho.
MÉXICO apenas se suma a una conversación internacional que lleva más de una década desarrollándose. Lo deseable será que cualquier legislación preserve la independencia de los medios, respete plenamente la libertad de expresión y establezca contrapesos efectivos para evitar abusos gubernamentales. Esa exigencia es legítima y necesaria.
MENOS convincente resultaría presentar cualquier intento de regulación como si el país estuviera a un paso de convertirse en una República donde la verdad se dicte desde un escritorio oficial. Al final, quizá la pregunta incómoda sea otra. ¿Por qué algunos consideran que la libertad de prensa incluye el derecho a equivocarse, difamar o mentir sin asumir ninguna consecuencia, cuando ninguna otra profesión democrática goza de semejante privilegio?
